pamplona - La omisión del informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el no haber presentado la relación de los propietarios promotores del plan residencial son suficientes para que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN anule el mayor proyecto urbanístico impulsado por el Gobierno de Navarra en plena fase expansionista donde estaba prevista la construcción de más de 18.000 viviendas. Se opusieron a la demanda el Ejecutivo y Desarrollo Sostenible, participada por empresas de la ACP, como "codemandada".

Los magistrados Joaquín Galve, Antonio Rubio y Francisco Javier Pueyo alegan en su escrito que informes preceptivos. Los demandantes también alegaban la falta de informes de la CHE, del Ministerio de Fomento sobre las líneas ferroviarias e infraestructuras aeroportuarios, de Obras Públicas y de la Mancomunidad. La mayoría de los informes constaban en la fase de aprobación definitiva. No se pidió sin embargo a Fomento ni a Ciencia y Tecnología sobre las redes de comunicaciones electrónicas. El de Fomento no era necesario al no haber "afección", el segundo si como recoge la Ley General de Telecomunicaciones habiendo una sentencia del Supremo del 7-2-2013 que así lo avala. En relación al hecho de no detallar los propietarios de las fincas, el Gobierno adujo que la relación figuraba en el expediente administrativo pero no se aportó antes de la aprobación inicial. En base a la ley 7/1985 el TSJN ve conveniente que estuvieran para que los "propietarios concernidos tengan o puedan tener conocimiento de la actuación que afectará o podrá afectar sus derechos", antes de la exposición pública. Otros aspectos recurridos por los ayuntamientos como son la falta de memoria de sostenibilidad económica ante la creación de una "nueva ciudad", considerar no adecuado el PSIS como instrumento de ordenación. Tampoco entra en la finalidad del PSIS (el impulso a la vivienda protegida sin haber necesidad), ya que "el Tribunal carece de los datos necesarios para poder calificar de arbitrario o irracional la decisión". No ve razones tampoco en el rechazo a la localización al no justificarse "la inadecuación del emplazamiento mediante la exposición de otros posibles" y al haber una memoria de sostenibilidad económica. Tampoco cree que el PSIS colisione con otros instrumentos de ordenación.

Nueve años de sinsentido De trigal a trigal. La reserva de suelo que compró el Gobierno (4 millones de m2) apelando a la necesidad de vivienda social es, a día de hoy, un gran trigal que se cosecha cada año si bien desde que en 2012 se ratificara el PSIS cuesta 260.000 euros al año de contribución urbana a las arcas forales por ser suelo urbano, y un millón en proyectos. El concurso de suelo de 2005 consolidó la compra de suelo en especie (el Ejecutivo pagaba en derechos edificatorios), que costó a los promotores 132 millones y otros 6 en intereses. Las tres cajas navarras avalarían la operación con préstamos personales. Activo el PSIS, al menos bancos (por embargos) y empresas ganaron valor al suelo, ahora, de nuevo, vuelven a ser espigas y no de oro.