pamplona - El vicepresidente del Gobierno foral Manu Ayerdi afirmó ayer que la eliminación del actual nudo ferroviario de San Jorge es “razonable y oportuno” a medio y largo plazo. “Por infraestructura y organización, no es nuestra estación en un plazo-vista de 20-30 años”, aseguró ante los grupos parlamentarios en una comparecencia solicitada por UPN. “El actual bucle puede desaparecer con o sin TAP”, reiteró quien defiende la implantación -así se recoge en el acuerdo programático- de un sistema ferroviario que dé solución tanto al tráfico de personas como de mercancías, con capacidad suficiente en número de vías y horas, cumpla los estándares de ancho internacional y, además, “estemos en el corredor cantábrico-mediterráneo”. “La nueva estación, algo de ‘sentido común’, tiene que acoger un sistema ferroviario de estas características”, señaló. “Queremos un sistema ferroviario que no es el que tenemos ahora, no queremos la alta velocidad sólo para pasajeros del resto del Estado”, reiteró dejando claro que el “Estado también tiene que fijar su posición” a este respecto.
Lo que calificó como “objetivo deseable” implica la necesidad de construir una nueva estación que, en el PSIS aprobado por el anterior Ejecutivo, se localiza en Etxabakoitz, emplazamiento al sur de la ciudad que en principio nadie cuestiona. Lo que sí genera dudas, a juicio de Ayerdi, es el modelo de financiación de este nuevo equipamiento, junto a todas las infraestructuras que conlleva, y que fue pactado con el Estado a través del Adif en anteriores gobiernos (2009). La clave es que el Estado no ponía dinero para pagar la nueva terminal sino que era el Gobierno de Navarra el último responsable, y el que debía adelantar el dinero “y esperar en el tiempo a recoger los derechos edificatorios”. Los 105 millones que cuesta la estación y plataformas para crear un nuevo tramo de vía (desde Esquíroz hasta Zuasti) se calculaban sobre los derechos edificatorios que se atribuía Adif en la zona de San Jorge con el desmantelamiento del actual bucle ferroviario. “Es obvio que con datos actuales la valoración de esos derechos sería inferior “, indicó. “Tenemos que ver si es razonable y si Adif hace lo mismo en otras comunidades en procesos de sustitución de estaciones, que todo el esfuerzo recaiga en las comunidades o ayuntamientos”, resaltó quien deja abierta la apertura de un nuevo “marco de negociación” antes de “gastar decenas de millones”.
También está a estudio, señaló Ayerdi, el coste real de la nueva estación (26 millones) más los 52 de la plataforma y 20 millones de la superestructura, o si esa previsión es “susceptible de rebaja”. “El Adif ejecuta las obras y lleva la dirección pero es el Gobierno foral el que transmite de forma gratuita los terrenos y el Consorcio (al final el Ejecutivo ya que los ayuntamientos de Zizur y Cendea de Cizur quedaron exentos) el que asume la financiación”, indicó quien tilda de “curioso” que Adif, en virtud del Protocolo firmado, no tenga que asumir cargas que le “corresponden” y reciba indemnizaciones por sus antiguas instalaciones.
Al menos, expuso Ayerdi, el denominado Protocolo sobre el TAV (entre el Ministerio, Adif y el Consorcio del TAV de la Comarca donde está el Gobierno foral) que se firmó en 2009 (un primero, 2004) precisa de un convenio por lo que “no es vinculante hasta no armarlo”.
Por si no fuera suficiente legado, la urbanización de todo el sector donde se localiza la nueva estación (hay una parcela dotacional para Adif), y donde estaba previsto construir 8.000 nuevas viviendas y nuevos polígonos de actividades económicas, tiene un coste de 235 millones de euros (140 millones la urbanización más de 70 millones de indemnización). El PSIS que engloba todas estas actividades se aprobó en 2010 y el nuevo Gobierno de Navarra ha ampliado ahora el plazo de exposición pública de los proyectos de urbanización y reparcelación correspondientes.
En principio, el Ejecutivo foral (en realidad el Consorcio del TAV de la Comarca de Pamplona) se debe encargar, si cabe, de impulsar y ejecutar estas obras, inversión que luego giraría a los propietarios del sector. La pregunta de Ayerdi es si los titulares del suelo “están dispuestos a poner dinero para asumir estas cargas de urbanización con una expectativa de futuro y un estudio del mercado inmobiliario”. “Si ponemos en marcha el PSIS existe el riesgo que haya propietarios que no abonen sus cuotas y el Consorcio asumiría esas cuotas”, lanzó, no sin dejar antes claro que los “tiempos” de desarrollo de las obras los marca el Gobierno (sistema de cooperación). Respecto al periodo de alegaciones a la urbanización y reparcelación sobre un proyecto que afecta a 2,3 millones de metros cuadrados (ocupa términos de Pamplona, Zizur Mayor, Cendea de Cizur y Barañáin, y la mayoría son propietarios particulares con un “peso importante” de promotores) fue prudente al asegurar que se “valorarán y en función de las mismas el proceso siguiente será uno u otro; primero queremos recibir las aportaciones”. “Cuando llegue ese momento habrá tiempo de producir los debates correspondientes”, indicó. Hasta el momento, se han recibido 50 alegaciones al proyecto de reordenación y cinco al de urbanización. Cabe recordar que el equipo de gobierno de Pamplona (la concejalía de Urbanismo en manos de EH Bildu) abogaba recientemente por deslindar el plan de las 9.000 viviendas del proyecto de estación para no condicionar el crecimiento de la ciudad. Ayerdi mantuvo una reunión con representantes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona (tienen encomendada la gestión del PSIS por parte del Consorcio), en la que presentaron una propuesta para prolongar el plazo de exposición pública del proyecto, y dijo que a la vista del informe que aportaron, decidió prolongar el plazo. “No existe ningún otro acuerdo de ningún otro tipo”, subrayó.
Las opciones que tiene el Ejecutivo son dos: bien estimar o no algunas alegaciones y seguir adelante con el PSIS o paralizarlo lo que podría implicar reclamaciones de los propietarios al estar el proyecto aprobado. En caso de paralizar la ordenación actual, cabría buscar otras fórmulas jurídicas en caso de seguir adelante con el proyecto de nueva estación en el mismo emplazamiento.
ayerdi “hasta no ver las alegaciones no me quiero posicionar si el psis cumple o no los objetivos propuestos”
El vicepresidente del Gobierno foral dijo ayer que los objetivos del proyecto son la eliminación del bucle ferroviario, traslado de Inquinasa, nuevos accesos a Barañáin, reordenación de Etxabakoitz y San Jorge y mejorar las crecidas del río, entre otros.
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Sobre Inquinasa, el segundo propietario del PSIS, Ayerdi recordó que el Gobierno anterior firmó un acuerdo con la empresa, y va a realizar una análisis jurídico “fino” de ese documento para “determinar la validez o no de todo lo que ahí está recogido”. De los 79 millones de indemnizaciones, la salida de Inquinasa se lleva 35.5 millones.
