desde que en diciembre de 1997 el Gobierno de Navarra redactó la Ley Foral por la que Pamplona pasaba a tener una carta de capitalidad dado que acogía “servicios e infraestructuras” para toda la Comunidad y necesitaba un “tratamiento diferenciado” (que se valoró en 1.800 millones de pesetas), Tudela ha reivindicado este título como cabecera de comarca. El borrador de la Reforma del Mapa Local que ha enviado el Gobierno de Navarra a la Federación Navarra de Municipios y Concejos recoge, por primera vez, esa posibilidad. Según se señala, “podrá dotarse a la ciudad de Tudela de carta de capitalidad a menor escala (que Pamplona). Se eliminarán cláusulas de garantías sujetas a derechos no objetivados en el pasado”.

De hecho, en una entrevista concedida por Xabier Lasa, director general de Administración Local, a DIARIO DE NOTICIAS, ha afirmado que “el Gobierno dio una prima especial que se hizo, más que por criterios objetivos, por servicios que presta el común. Esta prima especial se tiene que sustentar, y yo veo que Tudela también se podría plantear algo a su escala”. Es decir, lo que Lasa señala en la entrevista perfila la necesidad de que Tudela tenga, en cierta manera, la financiación que otorga ese título aunque, en estos momentos, se están revisando los parámetros que se han dado por lógicos hasta ahora. El paso que la Administración va a dar se centra en, con criterios objetivables y medibles, tratar de analizar qué conceptos, servicios y usos tienen un carácter comarcal (educación, salud, cultura, administración...) tanto en Pamplona como en Tudela y confieren a la ciudad un coste especial por la llegada de población.

Según la Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre de 1997, la capitalidad “ha exigido al Ayuntamiento de Pamplona sobredimensionar determinados servicios e infraestructuras de la ciudad, lo que conlleva un incremento de gasto a expensas de sus presupuestos municipales, sin que se pueda repercutir a sus usuarios reales”. Sin ofrecer datos concretos de cómo se obtuvo el dato de los 1.800 millones de pesetas de 1997, se señalaba que “la cuantificación de las cifras ha partido de una valoración del número de habitantes que pueden considerarse población, añadida a los que el Ayuntamiento estaría prestando unos servicios sin contraprestación, para establecer posteriormente el alcance de los costes de los servicios sobredimensionados que gravan el presupuesto municipal”.

polémicas El elevado coste de la capitalidad y la dificultad de su medición objetivable generaron polémica desde su inicio. De hecho, el que fuera entonces vicepresidente de gobierno con Miguel Sanz, Rafael Gurrea, disintió en un primer momento de aquel acuerdo que en junio anunciaban Sanz con el entonces alcalde, Javier Chorraut. Gurrea entendía que esa cifra “no está justificada” y, añadía, “abre la puerta para que otras localidades de la Comunidad Foral exijan fórmulas de financiación similares”. De hecho, detallaba su oposición afirmando que con las mismas condiciones que se adjudicaba a Pamplona, “Tudela o Estella van a pedir 600 millones por barba”. Gurrea, que se confesaba más “administrador que político” reconoció que el acuerdo era de carácter “político” entre el Gobierno de UPN y el Ayuntamiento formado por el tripartito CDN, PSN e IU.

Años después, el concepto de carta de capitalidad se ha vuelto crucial para la capìtal ribera que ha visto cómo su peso y centralidad en la Ribera crecía a todos los niveles (sobre todo en lo que se refiere a servicios, trámites administrativos y centros educativos). De hecho, en campaña, el actual alcalde Eneko Larrarte calificó su consecución de “prioridad”. “Lo que importa es que Tudela esté donde se tomen las decisiones y que además tenga un impacto económico especial con la carta de capitalidad y unos servicios que hagan que se pueda generar ese tejido en la Ribera”. En este sentido, el denominado “acuerdo para un gobierno alternativo” que firmaron en I-E, PSN y Tudela Puede el 12 de junio de 2015 en Tudela, apuntaba la “proposición a Gobierno de Navarra de un status específico para la ciudad como cabeza de comarca consistente en una financiación estable y suficiente”. Este extremo es uno de los que los socialistas echan en cara a I-E por no haberlo reivindicado y defendido en el Parlamento. Ahora, aunque difuso, es la primera vez que aparece este concepto en un borrador del Ejecutivo.

Larrarte hablaba de 5 millones de euros, aunque era una estimación. El Ayuntamiento de Pamplona recibirá 24,1 millones de euros en 2017 por este concepto.