Pamplona - El sumario del caso Egüés, que investiga las irregularidades detectadas en el municipio durante la gestión de UPN entre 2004 y 2012, vuelve a estar en marcha.
Dos años y medio después de que declararan en calidad de imputados (ahora investigados) los regionalistas Josetxo Andía, exalcalde del Valle de Egüés, y las exconcejalas Carolina Potau y Estefanía Clavero, el tribunal de Aoiz ha decidido retomar la instrucción después de un largo parón provocado por el cambio de titular en el juzgado encargado de su tramitación. Por este caso se encuentran encausados, además de los tres citados, otros dos exediles de UPN, Alberto Idoate e Íñigo Solchaga; y la cúpula de la empresa Nasipa, promotora de varios proyectos urbanísticos: Juan Larraza, Gregorio Luis Ezquerra, Saturnino Luis Ezquerra y Miguel Luis Ezquerra. Los delitos que se investigan son los de prevaricación administrativa, malversación, falsificación de documentos públicos y cohecho.
En un auto emitido el 6 de abril, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz ha citado a declarar a nueve testigos solicitados por la acusación que ejerce el Ayuntamiento del Valle de Egüés; y a otros dos testigos que plantearon las defensas de los encausados.
Entre los que tendrán que comparecer se encuentra Helio Robleda Cabezas, presidente de la Cámara de Comptos entre 2010 y 2016, y el técnico de la entidad que elaboró el informe fiscalizador sobre la gestión pública en Egüés. Junto a las conclusiones que arrojó la Comisión Investigadora que el Ayuntamiento creó para determinar lo sucedido -se detectaron más de 50 irregularidades-, el informe de Comptos puso de manifiesto las sospechas sobre varios casos de presunta corrupción ocurridos durante el mandato de Josetxo Andia, que sucedió a Ignacio Galipienzo, condenado a su vez por prevaricación debido a las relaciones que mantuvo con empresas promotoras.
irregularidades En el periodo investigado (2004-2012), la Cámara de Comptos detectó “relevantes incumplimientos” de la normativa vigente en las sociedades públicas del Valle de Egüés. El informe, que analizó el funcionamiento de la empresa pública Andacelay y de las dos sociedades que creó con el socio privado Nasipa, determinó que la gestión de dichas empresas se dejó básicamente en manos de Nasipa, que percibía a cambio una remuneración.
Según Comptos, el Ayuntamiento “no ejerció un control adecuado sobre las actividades de las sociedades, especialmente las mixtas, que garantizara el cumplimiento de la legalidad, publicidad, transparencia, buena gestión, igualdad de trato y adecuación al interés general”.
En cuanto a la contratación administrativa, las sociedades mixtas “no respetaron los principios de publicidad y concurrencia, habiendo favorecido en ocasiones al socio privado”, según recogía el informe. El informe determinó que el socio privado recibió más dinero del previsto por la gestión en la empresa mixta Egüés 21; y que “incumplió” su oferta al no asumir los gastos financieros de la otra sociedad mixta (Egüés 21-II).
El órgano fiscalizador detectó también que se emitieron facturas a una sociedad mixta sin que conste que respondan a un gasto ejecutado o a un servicio prestado. Dichas facturas sumaban 1,7 millones.
En un proceso de contratación, recoge el informe, se dio el caso de que el representante de la empresa privada Nasipa actuó como presidente del órgano de contratación que adjudica a dicha empresa la construcción de viviendas.
También hubo retribuciones recibidas por la anterior apoderada de Andacelay (Carolina Potau) “incompatibles con su condición de concejala con dedicación exclusiva”.
El informe señala la existencia de algún proyecto técnico sobre promoción de viviendas contratado con anterioridad a iniciar el proceso selectivo. Por último, subrayó que las auditorías de las sociedades públicas, realizadas por firmas privadas, no pusieron de relieve las irregularidades existentes.
El informe de la Cámara de Comptos constituye la prueba más comprometedora para los imputados en el sumario, ya que de los incumplimientos detectados en el periodo investigado pueden derivarse “responsabilidades jurídicas en los ámbitos administrativo, tributario, societario y contable”.
El lunes 24 de abril declararán en Aoiz Alejandro Saiz Prado (Laranzor), Ion Ander Luis López de Zubiría (Nasipa), David Sánchez (escolta de Andía) y el exgerente de Laranzor. El expresidente de la Cámara de Comptos y el técnico declararán el 8 de mayo, al igual que los arquitectos Conrado Capilla y José Virgilio Vallejo; Carmelo Astráin y Eva Gerrigakoitia, estos dos últimos a instancias de las defensas.
