pamplona - Doce comarcas, dos de la cuales se dividen a su vez en subcomarcas (Arga y Ega). Una menos que en el mapa propuesto en origen por el Gobierno ya que la zona de Sangüesa queda separada del Prepirineo. El Ejecutivo foral dio a conocer el texto definitivo de la mayor reforma de la administración local emprendida en los últimos 25 años. Aunque será en otoño cuando se lleve al Parlamento el anteproyecto va superando pasos. Después de un proceso de dos años, con participación de los ayuntamientos, en diciembre de 2017 se dio a conocer el texto base. A partir de ahí se han presentado 117 alegaciones y propuestas por parte de entidades locales, colectivos y particulares, algunas de las cuales han sido aceptadas y se han integrado en el texto que todavía debe ir al Parlamento.
El proyecto aclara que todo el personal de las mancomunidades pasará a integrarse en las comarcas en el momento que entre en vigor la ley foral de creación de cada comarca, y “sea cual sea el tipo de contrato”. De cara a la composición de la asamblea comarcal, se opta por un sistema mixto que combina la designación de representantes por los ayuntamientos, con la representación en función del número de votos obtenidos en la comarca por los diferentes partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores. El número de miembros de cada asamblea lo determinará a su vez cada ley foral (la de creación de cada comarca), dependiendo el número de personas a designar por cada ayuntamiento de la población del respectivo municipio.
Se acepta también que pueda existir puesto propios de secretaría, con habilitación de la Comunidad Foral, en aquellos municipios de población inferior que así lo deciden en pleno por mayoría absoluta y su gasto corriente anual en los últimos cinco años haya sido superior a 500.000 euros.
Asimismo, se crea en la comarca un órgano consultivo de participación concejil.
En materia de personal, se pretende dar una solución definitiva al problema de la interinidad permanente que afecta a muchas plazas de secretaría y se asegura un carácter estrictamente funcionarial de los servicios de secretaría e intervención. Para reducir las situaciones de inestabilidad y precariedad en los puestos de trabajo, la comarca deberá definir y aprobar, en un plazo de un año desde que se aprueba la nueva ley, su plantilla orgánica y oferta pública de empleo, y a la provisión de los puestos vacantes. En tres meses, una vez activa la ley, saldrá un concurso de méritos para secretarios. Y en las convocatorias que se aprueben para acceder a los puestos que no fueran cubiertos, las fases de oposición y concurso tendrán una valoración proporcional del 70% y 30% respectivamente, debiéndose poder alcanzar la puntuación máxima de la fase de concurso, tanto con 20 años de servicios prestados en los puestos de secretaría e las entidades locales de Navarra como por la adición a éstos de otros méritos, recoge el informe.
La principal novedad del anteproyecto de ley foral de reforma de la Administración Local radica en la distribución territorial de Navarra en comarcas, que integrarán a las actuales mancomunidades sectoriales de servicios, a las Agrupaciones de Servicios Administrativos y otras entidades supramunicipales, que en total superan la centena. Se pretende de este modo acabar con una “excesiva proliferación de entidades supramunicipales que genera dispersión, disfunción e ineficacia”, destaca el Gobierno de Navarra en una nota de prensa. La comarca sucederá a la entidad supramunicipal a todos los efectos y también asumirá sus deudas. El personal de las sociedades públicas se integra en las comarcas “en sus actuales condiciones contractuales”. El proceso de creación de una comarca podrá comenzar a propuesta de los ayuntamientos implicados (un tercio al menos de los ayuntamientos o si representan la mitad del censo electoral del territorio correspondiente) o por el Ejecutivo. El Gobierno no podrá pronunciarse sobre la constitución de la comarca si se opusieran a ella dos quintas partes de los municipios propuestos para su creación, siempre que representen, al menos, la mitad del censo electoral del territorio. Las comarcas tendrán competencia en materia de servicios sociales de atención primaria, redes de abastecimiento de agua en alta, tratamiento de residuos, planeamiento comarcal y ordenación del territorio, y secretaría e intervención. Los municipios que en la actualidad vienen realizando una gestión individual de los Servicios Sociales podrán mantenerlos si así lo solicitan, siempre que la población sea superior a 10.000 habitantes.
Se rechaza a su vez la petición de Uterga de pertenecer a la subcomarca de Pamplona y la de Úcar de pertenecer a Arga. Tampoco prospera la oposición de Lerín, Guesálaz, Lodosa, Bargota, Dicastillo, Viana, Villatuerta, Sesma y Oteiza a la división del Ega en dos subcomarcas.
El anteproyecto mantiene a los ayuntamientos como figura central de la administración local, y consolida el concejo, según el gobierno. Además establece un catálogo de competencias de cada administración y sienta las bases para “un nuevo sistema de financiación”. Desaparece no obstante de la redacción final la propuesta foral que recogía que las entidades locales se financien con un porcentaje fijo y estable de los ingresos de la Hacienda foral, no inferior al 10%. Ahora el porcentaje se calculará cada año en base a la distribución de competencias de cada Administración, y una vez descontada la cantidad que el Gobierno foral paga al Estado. Se mantiene que para “eliminar agravios comparativos” en materia fiscal la horquilla del tipo de gravamen de la contribución urbana se fija entre el 0,25-0,5 (ahora 0,25-0,50) y se exige a los municipios que revisen sus valores catastrales.
Se ha licitado por otro lado un estudio sobre la estimación del coste de la reorganización administrativa y funcional comparando las estructuras existentes con las nuevas.
Ezkabarte. Ezkabarte se mantiene en la subcomarca Valles y no en la de Pamplona. Ibargoiti tampoco entra en Pamplona.
Concejos, con 100. Se exige un mínimo de 100 habitantes para constituirse como concejo. Se rechaza la propuesta de Arakil.
Secretarios. El puesto de secretaría será necesario en los ayuntamientos de más de 1.500 habitantes (en los de menos de forma agrupada por la comarca) y el de intervención en los de más de 3.000.
Subcomarcas. Tanto la asamblea comarcal como el consejo de la subcomarca pueden proponer la prestación directa de servicios por la comarca o fórmulas de gestión compartida.
