pamplona - La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, afirmó ayer que “el diálogo ha sido imposible” con los okupas del Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona y argumentó que “es imposible el diálogo con quien no quiere hablar”. De hecho, Barkos señaló que, tras la entrada de la Policía Foral y técnicos de Patrimonio en el inmueble, se comprobó que “se estaba preparando un búnker perfectamente pertrechado con material para estar un tiempo, con colchones, agua, unos walkie talkie, y un bidón relleno de cemento con el habitáculo para meter las manos y ejercer un momento de resistencia. Es bastante expresivo de la voluntad de diálogo de quienes han decidido hacer de este caso un pulso al Gobierno”, afirmó Barkos, durante una comparecencia en el Parlamento de Navarra a petición de Orain Bai.
Afirmó que entiende “el malestar de vecinos y del colectivo de hosteleros y comerciantes” por el despliegue policial y lamentó las “molestias” ocasionadas, pero señaló que “el Gobierno tenía como prioridad garantizar la seguridad por encima de todo y cualquier otro debate es secundario”. Del mismo modo, aseguró que “muchas cuestiones que se han dicho no son ciertas, como por ejemplo que la Policía Foral había utilizado pelotas de goma, o que se disparó a ventanas, lo que se hizo fue lanzar una salva a lo alto para evitar el cuerpo a cuerpo”. Barkos señaló que las conclusiones del informe emitido por los técnicos de Patrimonio “son determinantes para que el Gobierno decida clausurar el edificio y el Gobierno pone por delante a cualquier otra cuestión la seguridad, no solo de las personas que pueden estar dentro del edificio, sino también de los bienes del edificio, de los vecinos y de los edificios colindantes”. A finales de diciembre, el Gobierno tiene conocimiento a través de Policía Foral y de varios vecinos de que se escuchaban ruidos en el interior del edificio, lo que sugería la posibilidad de que se estuvieran realizando obras. Según Barkos, la situación “se consideró preocupante porque podía poner en peligro a los ocupantes y causar daños en el edificio o en los edificios colindantes”. Así, con autorización judicial, el 8 de enero agentes de Policía Foral y técnicos de Patrimonio accedieron al inmueble. Se constató, según Barkos, “el agravamiento de los riesgos del edificio” y se comprobó, entre otras cosas, que la instalación eléctrica “no cumplía ningún punto de la normativa” y además había “acumulación de enseres, productos inflamables y huecos en zonas abiertas sin protección adecuada con riesgo de caída”. En esta situación, decidió clausurar el edificio y consideró una “grave irresponsabilidad” que varias personas volvieran a ocupar el edificio el pasado 19 de enero descolgándose con arneses desde la cubierta. El inmueble fue nuevamente clausurado al día siguiente.
Por su parte, la parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez consideró que se ha producido un “desalojo encubierto” y, en su opinión, los okupas “están en su legítimo derecho a resistir y defender un espacio que tras dos décadas ellos mismos habían rehabilitado con sus propias manos y pusieron a disposición de todo el barrio”. Además, dijo que, tras el paso de la Policía y los técnicos por el edificio, ha quedado que “ni el bombardeo de Gernika”. Barkos señaló que esta última comparación fue “absolutamente desacertada” y una “frivolidad inaceptable”, tras lo que Laura Pérez retiró sus palabras. El portavoz de UPN, Sergio Sayas, indicó que “no se ha dejado a la Policía Foral hacer su trabajo. Se les ha puesto en riesgo en algunas actuaciones para después poner puente de plata a los okupas, porque los que están allí dentro son de la misma ideología que la consejera de Interior, que el señor Araiz (EH Bildu), que le sostiene la silla de presidenta del Gobierno”.
“Es esperpéntico que se esté construyendo un búnker contra el deseo mayoritario de los navarros de recuperar un edificio que es de todos. No sé dónde está el interés social del proyecto”, apuntó Koldo Martínez, para señalar que el Gobierno de Navarra “ha demostrado estar por encima de quiénes son sus socios”. Adolfo Araiz, reconoció que EH Bildu discrepa con el Gobierno foral sobre la gestión de este tema y ha apostado por “no desistir del diálogo”, aunque precisó que “lo importante no es el lugar sino la posibilidad de buscar un acuerdo sobre proyectos de autogestión en el Casco Viejo”. Por parte del PSN, María Chivite afirmó que “si se hubieran hecho las cosas bien desde el principio a lo mejor no hubiéramos tenido tres ocupaciones”. Del PPN, Ana Beltrán dijo que “Barkos se ha demostrado absolutamente incapaz de defender los bienes públicos de todos los navarros”. El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, señaló que ante una ocupación hay dos opciones, “o la mano dura o la política”, y defendió que esta segunda opción tiene cabida si existe “un proyecto de autogestión por parte de los jóvenes”. - D.N.
