El dosier de interior ocultado durante 41 años apunta a una operación premeditada de la Policía en sanfermines de 1978

Es la principal conclusión que arrojan los documentos recuperados por la iniciativa del colectivo Sanfermines-78: gogoan!, que fueron presentados ayer en una rueda de prensa celebrada en Pamplona. Acudieron varios representantes de la plataforma, vecinos, familiares de víctimas, los abogados Lourdes Etxeberria y Juan Lara que han llevado la causa, y Amaia Kowasch, encargada de detallar su contenido.

Firmado por el entonces ministro del Interior Rodolfo Martín Villa el 17 de julio de 1978, el dosier consta de tres informes distintos: el que elaboró el Gobernador Civil de Navarra Ignacio Llano (fechado el 12 de julio), el del general jefe de la segunda subinspección general de la Policía Armada Dionisio Bastrech (11 de julio) y el del subdirector general de la Dirección General de Seguridad José Sainz (14 de julio).

ocuLTAr el informe Las dificultades encontradas durante estos años para acceder al dosier y las trabas de todo tipo que han debido sortear evidencian, según Sanfermines-78: gogoan!, la estrategia de ocultación que establecieron los aparatos del Estado con respecto a lo ocurrido en Pamplona aquel 8 de julio y que se mantuvo después con los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, evitando así la depuración de posibles responsabilidades.

Ni los requerimientos judiciales en distintos procedimientos ni los reiterados emplazamientos de los grupos parlamentarios sirvieron para que se hiciera público el informe, pese a conocerse su existencia. De hecho, su contenido fue analizado en el Congreso de los Diputados a los pocos días de producirse la actuación policial, después de que la Junta de Portavoces reclamara información al Ministerio del Interior sobre lo ocurrido en Pamplona.

Cuarenta y un años después, y gracias a la decisiva intervención de varios grupos con representación en el Congreso de los Diputados, el colectivo Sanfermines-78: gogoan! pudo acceder al archivo documental donde se encontraba.

“Son informes de parte, de eso no hay ninguna duda, y se preocupan sobre todo de exculpar de responsabilidades a los mandos y autoridades que tuvieron algo que ver con aquellos hechos, pero incluye algunos datos relevantes que apuntan que se trató de una intervención premeditada”, comentó Etxeberria.

reunión con el gobernador Uno de los principales, en su opinión, es que en una de las reuniones de seguridad en la sede del Gobierno Civil con mandos de la Policía Armada y Guardia Civil poco antes de los Sanfermines salió a relucir la posibilidad de una entrada de agentes en la Plaza de Toros en el caso de que se produjeran incidentes. “Pese a que en esta reunión el gobernador abogó por la prudencia, no tenía sentido de que se planteara la entrada de la Policía Armada en la plaza si no hubiera alguna idea previa en este sentido”, explicó la letrada.

Además, la documentación demuestra la presencia de policías y militares armados y de paisano en las cercanías de la plaza. En ninguno de los tres informes aparecen referencias a la autoridad civil o mando que ordenó que una unidad de reserva de la Policía Armada acudiera al patio de caballos de la Plaza de Toros.

falta información Tampoco se han localizado los estudios de balística que son citados en los informes, lo que según Amaia Kowasch indica que sigue existiendo documentación clasificada sobre estos hechos que el Estado quiere mantener oculta. “Los informes que hemos obtenido fueron elaborados en los días inmediatamente posteriores al 8 de julio y hay citas aludiendo a informes que se estaban confeccionando a partir de entonces, sobre los que seguimos sin saber nada”.

Para el letrado Juan Lara, la documentación recuperada demuestra la utilización por parte del aparato de un patrón de comportamiento represor contra la población, en la línea de conclusiones que recogió el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado a instancias del Ayuntamiento por un grupo de trabajo de la UPNA, sobre el que existió un plan diseñado para reprimir a la población.

En ese sentido anunció que los documentos recuperados serán incorporados a la querella que se tramita en la Audiencia Provincial y que se va a interponer otra por la ocultación de estos informes.

Los hechos comenzaron cuando agentes de la Policía Armada entraron a la plaza de Toros al finalizar la corrida tras exhibirse una pancarta a favor de la amnistía. Lo hicieron aprovechando la entrada a la plaza de los txikis, que fueron los primeros en sufrir la intervención policial. A partir de ahí los incidentes y enfrentamientos continuaron fuera del coso taurino y se alargaron hasta bien entrada la madrugada, sobre todo en las inmediaciones de la Plaza del Castillo y avenida de Carlos III.

Nadie ha sido procesado por aquellos hechos.

Querella. La plataforma presentó a finales de enero una querella criminal en los Juzgados de Pamplona contra los presuntos responsables de los sucesos del 8 de julio de 1978. La querella va dirigida contra los entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y gobernador civil, Ignacio Llano, así como contra oficiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Balance trágico. Los incidentes del 8 de julio de 1978 dejaron un muerto, Germán Rodríguez, y 8 heridos por bala. Hubo entre 50 y 55 personas más atendidas.

Informe de la UPNA. La UPNA elaboró el año pasado un informe técnico documental sobre los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978. Se recogieron 3.842 declaraciones sobre las cargas policiales.