- La Iglesia Católica ni reconoce que ha registrado a su nombre bienes que no le pertenecían ni piensa devolverlos, como se deslizó tras el encuentro celebrado en enero entre la Conferencia Episcopal y el Estado. La Iglesia entregó al presidente del Gobierno su informe sobre los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, un total de 34.976. Y reconocía que aproximadamente un millar no eran suyos, 78 en Navarra.
A raíz de ese encuentro y a petición de EH Bildu, el consejero Eduardo Santos compareció ayer en la Comisión de Políticas Migratorias y Justicia. Fue claro: "En ningún caso van a ser devueltos porque lo que dice la Iglesia versa sobre errores registrales, falta de información o bienes cuyos propietarios son terceras personas". De esos bienes, 49 "ya estaban en el listado que presentamos al Parlamento. Han sido vendidos a terceros, según dice la Iglesia, si bien en 2021 constaba como propietaria la Iglesia de Pamplona. Esto es plausible. Si quien ha comprado no eleva al registro la titularidad, sigue figurando a nombre del anterior propietario. Lo cual no significa que el origen sean inmatriculaciones previas", concretó sobre 29 piezas rústicas en Eslava inmatriculadas en 2004 y vendidas en 2007 o 12 piezas de "situación similar" en el Valle de Lónguida.
"Evidentemente puede haber más bienes que figuren ya a nombre de otros propietarios y que tengan origen en inmatriculaciones. De ahí las 29 fincas que no figuraban en nuestro listado. 17 se encuentran bajo el epígrafe de faltan datos por identificar, fundamentalmente en Goizueta y Doneztebe, que en 2021 ya no figuraban a nombre de la Iglesia", dijo. Y concretó que el departamento de Políticas Migratorias y Justicia, en el listado de 2.952 bienes inmatriculados en Navarra desde 1900 que entregó al Parlamento, contabilizó 202 operaciones de compraventa entre la Iglesia y particulares o administraciones públicas.
En cuanto a los siguientes pasos y las posibles reclamaciones de las administraciones locales sobre sus comunales, Santos concretó que se han mantenido reuniones con Administración Local y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. "Dado el escaso tiempo que ha transcurrido no hay una cuantificación de esa demanda, que nos permitirá dimensionar cuál debe ser la respuesta para asesorar sobre las formas de actuar".
"Lejos de lo que se ha recogido en los medios, la Iglesia no ha devuelto ni se ha ofrecido a devolver ningún bien", aseguró Arantxa Izurdiaga (EH Bildu). "La Conferencia Episcopal no ha cuestionado que se haya apropiado de estos bienes de manera irregular ni la legitimidad del registro. Tampoco la posibilidad de devolver aquellos bienes comunales a sus legítimos dueños. Lo que está haciendo es revisar los listados... si había errores, duplicidades o inexactitudes". "Nos parecía importante situar el debate en sus términos exactos para no inducir a la ciudadanía a errores y no transmitir falsas expectativas", dijo.
En la misma línea se expresó Blanca Regúlez (Geroa Bai). "Parecía un avance esa disposición de la Conferencia Episcopal de realizar un informe de bienes inmatriculados. Pero es casi nulo". "No podemos hablar de devoluciones de bienes de la Iglesia, sino de bienes que dice que no son suyos. No se ha avanzado nada. Volvemos a la casilla de salida", lamentó.
Virginia Magdaleno (PSN) aseguró que la actitud del Estado con la Conferencia Episcopal "no es ninguna escenificación". "En ningún momento se está renunciando a la investigación de bienes. Esta comisión es el inicio de los trabajos para la solución del conflicto. Y el Gobierno de Navarra trabaja con el compromiso de defensa de los bienes". Iñaki Iriarte (Navarra Suma) reconoció que el problema existe, pidió rigor y cautela en "una cuestión muy compleja" y dijo que "le corresponde decidir a los tribunales, no al legislador".
