Las mercantiles Palacio de Arozteguía S.L. y Hotel Palacio de Arozteguía S.L., promotoras del proyecto que pretenden llevar a cabo en el paraje de Aroztegia, en Lekaroz, han solicitado al Gobierno de Navarra iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial por la paralización de las obras de urbanización de Aroztegia.
Salvador Urbistondo Arotzarena, en representación de las mercantiles Palacio de Arozteguía S.L. y Hotel Palacio de Arozteguía S.L. hizo llegar un escrito al Gobierno de Navarra en agosto del 2021, en el que comunicaba el inicio del procedimiento patrimonial, por el que las mercantiles reclaman 43.660.376,32 euros al Gobierno de Navarra y al Gobierno del Estado, por el “perjuicio patrimonial sufrido” a consecuencia de la paralización de las obras, en la primavera del año pasado. Según el informe aportado por las mercantiles, la lesión patrimonial sufrida por el promotor Palacio de Arozteguía S.L. asciende a 18.932.436,26 euros y la de Hotel Palacio de Arozteguía S.L. a 24.727.940,06 euros, “como consecuencia de no materializar sus derechos a consecuencia de no poder llevar a cabo ni ejecutar el proyecto hotelero, turístico, deportivo y residencial en el entorno del Palacio de Arozteguía en Lekaroz”.
OBRAS En abril del 2021 Palacio de Arozteguía S.L. comenzó las obras de urbanización del entorno de Aroztegia, obras licitadas a la empresa Obras y Servicios TEX S.L.. Varias personas contrarias al proyecto se movilizaron, paralizando una y otra vez las obras. Pocos días más tarde, se organizó una acampada en un terreno colindante con el Palacio de Aroztegia, hasta que los operarios se retiraron, llevándose la maquinaria.
En el escrito presentado ante el Gobierno de Navarra, el representante de las mercantiles, Salvador Urbistondo, explica cronológicamente los pasos dados por la promotora hasta comenzar las obras de urbanización, y enumera varios actos de protesta, como manifestaciones o concentraciones contrarias al proyecto, así como mociones aprobadas en el Ayuntamiento de Baztan y en la Junta General del Valle, así como declaraciones de parlamentarios contrarias a la ejecución del proyecto.
También menciona la acampada realizada en abril del año pasad. Señala que varias personas ajenas a la obra irrumpieron en ella y se pusieron delante de la excavadora que estaba realizando trabajos, que se interrumpieron “por seguridad”, trasladando la denuncia a la Guardia Civil y Policía Foral, que “a pesar de estar presentes, permanecen inmóviles, no intervienen ni desalojan la finca”.
También denuncia “sabotajes y amenazas” sufridas por las máquinas y operarios de la obra, y ante la “inactividad” de las Fuerzas de Seguridad, optan por interponer denuncias ante la Guardia Civil y Policía Foral, denuncias que comunican al Ejecutivo navarro.
A través del escrito presentado, las mercantiles afirman que no se trata de de acciones pacíficas y espontáneas, sino “acciones planificadas, violentas y de agresión a personas y bienes”. Asimismo señalan que “no ha habido ninguna respuesta en términos de defensa real del orden público”, además de denunciar el “desamparo por parte de las administraciones”. Afirman que son los poderes púbicos quienes tienen que defender y propiciar el orden público, “porque ostentan el monopolio del uso legítimo de la fuerza para ello cuando resulta legítimo”.
Por todo ello, piden una compensación de más de 43 millones de euros.
AROZTAK Haciendo referencia al escrito presentado por Salvador Urbistondo, la plataforma Aroztak califica de escandaloso “cómo quienes han intentado una y otra vez apropiarse descaradamente de las tierras populares y agrícolas de los ciudadanos, imponer este proyecto por encima de la voluntad de los ciudadanos, y enriquecerse a través de un pelotazo urbanístico, pretenden idear con total impunidad una nueva estratagema para hacerse de nuevo con el dinero público”. Para Aroztak es inadmisible que quienes han intentado enriquecerse injustamente del bien público se posicionen ahora como víctimas y lo hagan de nuevo a costa de todos los navarros.
“Por si fuera poco”, critica, “su principal queja es que el gobierno envió poca policía y que la oposición a los acampados no fue lo suficientemente dura”. Asimismo señala que “quienes han emprendido obras ilegales en contra de la voluntad de la ciudadanía, denuncian ahora la violencia de quienes trataron de paralizarlas ante un ataque”.
En este sentido, la plataforma ha querido recordar que “la única violencia que ha existido en la lucha contra este proyecto cuyo objetivo es acabar con nuestra tierra, nuestra lengua y nuestra cultura ha sido la de quienes han enviado excavadoras, motosierras y Guardias Civiles”. También recuerda “la asfixiante ocupación policial que padeció el pueblo de Lekaroz durante el tiempo que duró la acampada, la persecución judicial y económica que hemos sufrido y aún padecemos cargos electos y ciudadanos”. Asimismo recuerda la última sentencia que “demostró la ilegalidad de la propia adjudicación de las obras”.
