Con el fin de dar respuesta y solución a las quejas vecinales, el Ayuntamiento de Lekunberri se ha dotado de una ordenanza para regular el aparcamiento de autocaravanas, caravanas y vehículos vivienda en su término municipal y ubicarlo en la zona de Errotazelai, junto a la carretera a San Miguel de Aralar. Entró en vigor la pasada semana, una vez se publicó en el Boletín Oficial de Navarra. "El objetivo es garantizar el cumplimiento de la prohibición de la acampada libre recogida en la normativa del Gobierno de Navarra, y por otro, la regulación de su uso con el fin de preservar los recursos y espacios naturales del mismo además de favorecer la convivencia entre lekunberriarras y turistas", destaca el alcalde, Gorka Azpiroz.

 A la hora de su elaboración se puso en marcha un proceso participativo para recoger propuestas, entre ellas el emplazamiento de este servicio. “Hubo muchas sugerencias y entre ellas una unánime, la de la conveniencia de situarlo al lado de la sidrería frente a otras posibles ubicaciones”, recuerda. En el periodo de exposición pública, se presentó una de la Asociación La Peka. “Solicitaba modificar el texto inicial para permitir a las personas usuarias de caravanas utilizar las zonas reservadas para el estacionamiento de autocaravanas y vehículos vivienda homologados, en igualdad de derechos y obligaciones; alegación que fue recogida en el texto final. También felicitaron al consistorio por esta iniciativa”, señala el alcalde. La ordenanza fue aprobada con los votos del grupo de la alcaldía, Lekunberriko Taldea, y en contra de EH Bildu.

 El área tiene una capacidad para 15 vehículos con un tiempo máximo de estacionamiento de 48 horas. “En principio la idea es hacerlo en dos fases. La primera, antes de finalizar el año, con los servicios mínimos, de forma gratuita, y en una segunda, de cara al próximo verano, dotar al área de más servicios y establecer una tasa mínima”, explica el alcalde. En la ordenanza también se establecen las infracciones, que pueden ser leves, graves y muy graves, así como sanciones por su incumplimiento, desde 60 hasta 3.000 euros