El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, junto con sus homólogos de 14 Comunidades Autónomas, ha firmado una carta conjunta dirigida a la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Jessika Roswall, en la que advierten que los informes sexenales que enviará el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres -en las que se incluye al lobo- "no han pasado por Conferencia Sectorial, un paso obligado por ley".

En la misiva, los representantes autonómicos, que han solicitado una reunión urgente con la comisaria, destacan la "insólita" situación que dicen "estamos viviendo en España", ya que este informe que el Gobierno central debería remitir a las instituciones europeas con fecha 31 de julio de 2025 no ha sido acordado por la Conferencia Sectorial.

En este sentido, se detallada que, de acuerdo con la Disposición Adicional Octava de la Ley de desperdicio alimentario, para que España pueda remitir a las instituciones europeas el informe sexenal, éste ha de ser aprobado por la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Según inciden los consejeros en el escrito del que ha informado este sábado el Gobierno de Cantabria, para cumplir dichos plazos, el MITECO procedió a convocar una reunión de Comunidades Autónomas, a nivel de direcciones generales, en la que se iba a analizar el informe sobre el estado de conservación del lobo que habría de presentar el Ejecutivo español.

En esta reunión, que se celebró el pasado 10 de julio, "se votó por una amplísima mayoría de las Comunidades Autónomas", un informe realizado por las propias regiones, en el que se reflejaba "de forma clara" que el estado de conservación del lobo es "favorable".

Posteriormente, el MITECO había convocado para el 22 de julio la celebración de la Conferencia Sectorial, a nivel de consejeros, en cuyo seno se iban a valorar los informes sexenales del lobo y otras especies, junto con la discusión de otros nueve puntos del orden del día.

Según se indica en esta carta, la Conferencia Sectorial "fue desconvocada de forma unilateral" por parte del Ministerio el día 17, basándose en un motivo que, a juicio de las comunidades firmantes, "no justifica la desconvocatoria en ningún caso": la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra preceptos de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario por parte del Defensor del Pueblo.

Por eso, las comunidades trasladan a la comisaria europea que solicitaron hasta en dos ocasiones, el 21 y el 24 de julio, que se realizase por parte del MITECO la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial, con el fin de tratar una serie de puntos que eran "de extrema urgencia", de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento interno de la Conferencia Sectorial.

En este sentido, el martes 29, continua la misiva, la ministra del área y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, expresó -en la línea de una carta previa que había remitido a las comunidades el 21 de julio- que no se iba a convocar la citada Conferencia Sectorial. Por ello, las Comunidades Autónomas insisten en que "no hemos votado a favor de un informe que el Gobierno central piensa remitir a la Comisión Europea igualmente, soslayando la ley" algo que tildan como "un claro ejemplo de deslealtad institucional insostenible".

Firman la carta los consejeros de Cantabria, Galicia, Andalucía, Asturias, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla.

Por ello, estos consejeros solicitan una reunión urgente con la comisaria "ante la gravedad de los hechos que genera una quiebra en el Estado de Derecho, una vulneración flagrante del principio de y una profunda indefensión de las Comunidades Autónomas".