pamplona – El contrato que va a firmar la sociedad pública Nasuvinsa con la firma Ten Brinke, adjudicataria del solar de la Superser por diez millones de euros, debe garantizar el "compromiso evidente" de que la empresa mantendrá los usos propuestos: comercial, hotelero y equipamiento sanitario tal y como se valoró en la oferta ganadora. El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, José María Aierdi, aseguró ayer en sesión parlamentaria que ya se ha enviado una propuesta de contrato a la empresa (multinacional holandesa con filial en España) y que se está trabajando a través de los servicios jurídicos y "con apoyo externo" para asegurar que la oferta se cumple. "Sería difícilmente entendible que se utilizara un criterio para adjudicar una propuesta que, luego, en su desarrollo se incumpliera, y nos encontráramos con una empresa que obtiene unos suelos para un desarrollo comercial superior al planteado, pagando menos que otra empresa que había ofrecido un millón de euros más", remarcó. "La semana que viene se reunirán el gerente de Nasuvinsa y su equipo con la empresa para tratar de cerrar esta cuestión en las próximas fechas", añadió. Al Gobierno le "preocupa y ocupa" poder "atar" este acuerdo para "que no haya ninguna duda", algo que ya fue planteado en un encuentro mantenido con asociaciones de comerciantes esta misma semana pero que también atañe las empresas que se presentaron al concurso.
Aierdi dejó claro que la propuesta seleccionada propone un 28,61% de uso comercial que se traduce en 8.182 m2 de los 28.000 previstos de edificabilidad. Otros 9.492,65 m2 (el 33,19%) son para uso hotelero y residencia de estudiantes y 10.600,32 m2 (38,20%) para equipamiento sanitario (la empresa plantea una clínica privada y una residencia para mayores). Aierdi explicó que, entre las tres propuestas presentadas, Nasuvinsa optó por la opción de Ten Brinke valorando, entre otros argumentos, "la oferta económica de 10 millones, que no era la mejor, pero aseguraba que fuera una cantidad limpia teniendo en cuenta que asumían la totalidad de gastos de urbanización". Se valoró también "el domicilio fiscal ligado a Navarra, la estimación de puestos de trabajo (544 empleos directos y 312 indirectos), y los usos previstos, ya que es la propuesta que menos uso comercial plantea, y los otros usos generan actividad económica que puede ser interesante". También recordó que la empresa asume los costes de urbanización (2,3 millones) "sin limitaciones".
El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin dijo que la intervención del consejero "nos ha dejado preocupados, porque a día de hoy, todavía no se tiene regulado cómo se va a producir ese compromiso", afirmó. También cuestionó la "transparencia" en el proceso seguido para la venta y aseguró no haber encontrado información sobre la subasta en la web de la sociedad público. Tras exponer que la información estaba colgada en la web (desde el 27 de noviembre de 2019) Aierdi respondió que "éste si ha sido un proceso transparente y no el que usaron ustedes para adjudicar el solar a dedo a Ikea". Recordó que en mayo de 2015 el Consejo de Administración de Nasuvinsa aprobó la venta de la parcela a Ikea, que en junio de 2019 renunció a la compra. En junio Nasuvinsa retomó la "comercialización" del solar y mantuvo contactos informativos con ocho empresas. "A todas ellas se les anunció la apertura de un procedimiento público y regulado en el que podrían participar".
Por parte del PSN, Arantza Biurrun consideró que ha habido "transparencia" en este proceso y "se han aplicado los criterios de sostenibilidad económicas, social y medioambiental para seleccionar al comprador". "Se va a generar empleo, se generan ingresos, es un promotor integral que urbaniza, realiza las tramitaciones y busca las firmas interesadas en instalarse, y es un proyecto que prioriza servicios sobre el uso comercial", señaló.
La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, subrayó que le ha "gustado mucho que no hubiera una valoración económica como prioritaria en un proyecto que entre otras cosas pretende regenerar una zona industrial, de servicios". Así, destacó que se hayan tenido en cuenta aspectos como el domicilio fiscal, la estimación de puestos de trabajo o la reducción de uso comercial.
El portavoz de EH Bildu, Maiorga Ramirez, afirmó que "es lógico" que el Gobierno quiera "atar" por contrato el cumplimiento de los usos. No obstante, expresó algunas dudas sobre la solución por la que ha optado el Ejecutivo. "Merecía la pena una reflexión más profunda sobre el uso social que pudiera tener esa parcela. ¿Es lógico que en esas propuestas se planteen usos comerciales cuando estamos destinando dinero público para favorecer el comercio que se va a ver afectado por esas infraestructuras?", planteó.
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