sorlada. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella ha admitido a trámite la querella presentada por un grupo de vecinos de Sorlada contra el alcalde, Joaquín Lana Marquínez, y el secretario, José Miguel Corres Botella, por un presunto delito de prevaricación continuada. El juez ha emitido un auto por el que llama a declarar en calidad de querellados al primer edil y el funcionario, y además incluye una petición al Servicio de Información de la Guardia Civil para que elabore un informe sobre la residencia efectiva de los ciudadanos rumanos que figuran como empadronados en Sorlada desde 2006 hasta la actualidad.
La querella recoge que el presunto delito de prevaricación continuada que consiste "en negarse a dar de baja a los empadronados que no residen en la localidad, como maniobra para gobernar con el voto delegado y evitar la moción de censura".
En la querella se relata como, en la anterior legislatura, "la problemática municipal de Sorlada giró en torno a la lucha medioambiental de la anterior alcaldía como consecuencia del proyecto de granja promovido por Joaquín Lana y su esposa, que plantearon la creación de una granja porcina a 650 metros del casco urbano". Esta propuesta trajo consigo la incoación de varios procesos contenciosos. Según el texto de la querella "ante esta situación, Joaquín Lana decide actuar según una estrategia meticulosamente elaborada con el objetivo de alcanzar la alcaldía y desde ahí neutralizar la lucha medioambiental del pueblo". Sobre ésta "estrategia", los vecinos apuntan al "empadronamiento de 15 ciudadanos rumanos, dos de ellos empleados de su granja porcina y el resto familiares o amigos de éstos. Todos ellos se empadronan en el mes de octubre de 2006, a escasos meses de las elecciones municipales, como prueba clara que había una plan perfectamente diseñado", concluye el auto.
