La inadmisión a trámite del Tribunal Supremo al recurso presentado por uno de los propietarios de Oncineda, supone uno de los triunfos legales más importantes del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Por un lado, porque cierra el camino a otros propietarios que esperaban conocer los términos de esta sentencia para reclamar su parte correspondiente y, por otro, porque la ciudad podrá disponer ya de 1.780.000 euros que tenía retenidos en el remanente de tesorería en previsión de que los tribunales pudieran dar la razón a los propietarios de los terrenos de la fallida ciudad deportiva. Es decir, Estella recupera de golpe un 15% del presupuesto anual que supera los 11 millones de euros.
Las razones que esgrime el Tribunal Supremo son la "falta suficiente para la formación de jurisprudencia y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo" y señala que sí existe "...carencia de interés casacional objetivo en los términos en los que ha sido preparado el recurso..." Con la inadmisión a trámite, el tribunal deniega la posibilidad de alcanzar indemnizaciones como las que se condenó al ayuntamiento anteriormente. Cierra así cualquier opción a la reclamación por parte de los propietarios, a indemnizaciones similares a las que sí que hubo que abonar a las constructoras Herchi y Alhama cuando la inadmisión del recurso presentado también al Tribunal Supremo, hizo que Estella tuviera que pagar a la promotora Herchi 696.260 €, más un 5% en concepto de premio de afección y los intereses, es decir: 1.105.000 euros, además de los 609.701 € a la constructora Alhama contra la que no se presentó recurso en su momento.
Esta nueva resolución se interpreta desde el Consistorio como "un espaldarazo al trabajo realizado durante estos años". En este sentido se expresaba el alcalde, Koldo Leoz, quien ensalzó el trabajo llevado a cabo por los servicios municipales y "de manera especial por secretaría" refiriéndose al papel jugado por el secretario municipal, José Luis Navarro. La sentencia ha animado al actual Ayuntamiento a explorar la posibilidad de recurrir los pagos efectuados a las dos constructoras Herchi y Alhama y, en este sentido, ya se están realizando las consultas pertinentes para valorar dicha opción, debido a que las resoluciones que condenaron al Ayuntamiento al pago de 1.715.145 € estaban basadas en los mismos convenios y anexos que el Tribunal Supremo acaba de indicar que estaban bien anulados.Esta anulación de dichos documentos por parte del Ayuntamiento estaba argumentada por considerar que los mismos fueron aprobados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello y por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, algo que el Supremo también apoya.
Detrás de la decisión del Tribunal Supremo está la aceptación de la validez e idoneidad de la revisión de oficio y la anulación posterior de los convenios y anexos firmados entre 2006 y 2007 por las exalcaldesas de PSN y UPN, Mª Jose Fernández y Begoña Ganuza. Hay que recordar en este sentido, que todavía se está elaborando un informe externo en el que se determinará si cabe exigir responsabilidades "civiles y/o patrimoniales a las firmantes de dichos convenios y anexos".
Por otra parte, desde el Consistorio advirtieron de que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra ya trabaja para desbloquear el millón setecientos ochenta mil euros para que ayuden "a paliar las consecuencias derivadas de la pandemia de la covid-19 y de las crisis, económica y social, que ya tenemos encima". Su alcalde Koldo Leoz anticipó dos fórmulas posibles: "o bien podremos desarrollar proyectos más ambiciosos o compensar ciertos ingresos. Ya lo iremos viendo, de momento estemos muy contentos con esta sentencia".
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