PAMPLONA. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha desestimado el recurso presentado contra la resolución dictada por él el pasado 4 de enero por la que autorizaba la entrada de la Policía Foral, junto con técnicos designados por el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra, al Palacio del Marqués de Rozalejo de la capital navarra con el fin de constatar la veracidad o no de la realización en dicho inmueble de obras y, en su caso, del alcance y consecuencias de las mismas, por el riesgo para las personas y bienes que de las mismas se pudieran derivar.

Sobre la pretendida falta de concurrencia de los presupuestos para la adopción de la medida cautelar, el magistrado sostiene que la decisión adoptada "no puede sino considerarse proporcionada en relación con los riesgos puestos de manifiesto" en las dos solicitudes de medidas cautelares y en el informe policial obrante en autos con anterioridad al auto dictado el 16 de agosto, según ha informado el TSJN.

Respecto a la notificación de la resolución recurrida, el juez señala que se practicó a través del sistema Avantius a todas las partes sin perjuicio de que al ser necesaria la participación de agentes del Área de Investigación Criminal y de la División de Información de Policía Foral y de técnicos designados por el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra, que no son propiamente partes procesales, se les comunicó directamente a los mismos.

Al respecto, el magistrado asegura no obstante que las medidas cautelares, en cualquier caso, "pueden adoptarse inaudita parte cuando ello fuera, como en el caso de autos, necesario para el aseguramiento de la pretensión cautelar".

PETICIÓN AL DEFENSOR La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha acordado, a petición de Podemos-Orain Bai, solicitar al Defensor del Pueblo u informe sobre los incidentes en torno al palacio Marqués de Rozalejo y en la empresa Huerta de Peralta.

Se trata de que el Defensor ayude a la investigación y el esclarecimiento de los hechos e informe sobre "la posible vulneración" del derecho a la huelga de la plantilla de la empresa Huerta de Peralta y de los derechos de la ciudadanía del vecindario del Casco Viejo de Pamplona con motivo de la intervención de los técnicos de inspección en el gaztetxe Maravillas.

La Junta de Portavoces ha aprobado también, en este caso a petición de UPN, pedir un dictamen del Consejo de Navarra sobre la posible conculcación de la legalidad en el pliego de adjudicación de la organización, recogida, grabación, codificación, depuración y validación de la encuesta social y de condiciones de vida 2018 aprobado por el Instituto de Estadística de Navarra .

Además la Mesa del Parlamento se ha dado por enterada del informe del Servicio de Intervención y Asuntos Económicos que niega la posibilidad de que las subvenciones bloqueadas al grupo de Podemos-Orain Bai se puedan destinar a fines sociales o a luchar contra el fraude fiscal, tal y como plantearon Tere Sáez y Carlos Couso.

"En ningún caso las subvenciones devengadas por los Grupos Parlamentarios podrán destinarse a las finalidades que sugieren", dice el informe, y añade que será la Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, la que "determinará y, en su caso, introducirá los requisitos y procedimientos para la percepción de las referidas subvenciones que estime necesarios".