pamplona - La plataforma de colectivos y vecinos del Casco Viejo de Pamplona AZ Ekimena ha presentado ante el Ayuntamiento de la ciudad un documento de alegaciones a la modificación del planeamiento urbanístico en lo relativo a alojamientos turísticos, un cambio que fue aprobado en el pleno municipal del pasado 10 de enero. Desde la entidad explican que, “en la práctica, la aprobación de esa modificación da luz verde a proyectos como el macrohostel de Unzu, además de plantear otros perjuicios”, recogidos por la asociación en sus alegaciones.

Apuntan entre ellas las “limitaciones al derecho de participación ciudadana sufridas durante el proceso de elaboración y aprobación de esta modificación normativa”, que consideran marcado por la “carencia de unos criterios mínimos de transparencia y facilidades de acceso a la documentación durante todo el proceso, sin un acceso sencillo a los documentos ni al expediente que contiene la documentación necesaria para formular alegaciones”.

Denuncian también la “falta de coherencia entre la modificación normativa aprobada el pasado 10 de enero, que tiende a flexibilizar criterios para la implantación de nuevos usos de residencia eventual, y el texto inicial de la propuesta de modificación normativa, aprobado el 1 de enero de 2018, que reconocía ya en su exposición de motivos el problema derivado de la proliferación de alojamientos turísticos en el Casco Viejo”.

“impacto real” La agrupación vecinal señala además que la modificación normativa se ha llevado a cabo “sin realizar una valoración de su impacto bajo parámetros básicos de sostenibilidad medioambiental, social y de género”, y solicita al Ayuntamiento que realice un estudio del “impacto real que esta nueva normativa tendría sobre el Casco Antiguo y su vecindario”. Según explican, la modificación del planeamiento urbanístico “vulneraría además la limitación a aperturas de bares en el Casco Viejo, dado que permitiría abrir bares, cafeterías o restaurantes en cualquier ubicación de los edificios destinados a uso residencial eventual”. Consideran que eso afectaría a los principios de igualdad y seguridad jurídica, ya que “permitiría a determinados establecimientos incumplir la normativa vigente frente a la saturación hostelera”. - D.N.