Un fondo buitre puede dejar a 160 familias en Pamplona sin casa de alquiler social

La falta de una alternativa habitacional afecta a 12 portales en Marcelo Celayeta más otros cinco en Sanduzelai y, según destacaron ayer los propios afectados, hay más casos en Buztintxuri y Ezkaba. La situación es dramática ya que el 31 de marzo se les termina el contrato a varias familias (calle Sanduzelai) que no tienen a donde ir. Subida de alquileres que se une al fin de subvenciones que recibían del Gobierno de Navarra al dejar de ser viviendas de alquiler protegido. El cambio se produce tras la compra de estos edificios por parte del fondo inversor Testa Residencial. Una entrada no casual que coincide con la descalificación de estos edificios -en su día en manos de promotores privados (en estos casos, de bancos)- que durante 20 años estaban obligados a destinarlas a alquiler social. A partir de este año, sin embargo, se acaba la calificación y tienen libertad de mercado para vender o alquilar.

El asunto fue desvelado ayer en la Comisión de Urbanismo tras una pregunta formulada al concejal delegado de Vivienda, Juan José Echeverría, por parte del concejal de EH Bildu Endika Alonso, que se refirió en concreto a a la situación de indefensión en la que se encuentran un grupo de residentes de la calle Sanduzelai y Marcelo Celayeta. Según dijo, la alarma se ha extendido en los dos barrios al conocerse que el fondo inversor ha adquirido las viviendas protegidas, con el riesgo evidente para los residentes de que se pueden encontrar ante una subida del precio del alquiler que no podrán asumir. Comentó al respecto que muchos de los inquilinos afectados son familias con pocos recursos, pensionistas o personas con discapacidad que hasta ahora podían hacer frente a los alquileres gracias a las subvenciones que recibían del Gobierno de Navarra, pero que ya no podrán acceder a las citadas ayudas. El edil de EH Bildu aludió a la posible existencia de un tercer edificio en la Txantrea y preguntó si el Ayuntamiento tenía constancia de más casos. Por último, recordó que Pamplona fue declarada en la pasada legislatura ciudad libre de desahucios y aunque asumió la limitación competencial en la materia, planteó la necesidad de que el Ayuntamiento se interese por la cuestión.

Vecinos afectados de Sanduzelai denunciaban ayer la desprotección en la que se encuentran desde la entrada de Testa Residencial como nuevo ''casero'. Se trata de 5 portales con 94 viviendas. En la mayoría de los casos la subida de las rentas hasta más de 850 euros, en caso de pisos de tres habitaciones, es inasumible para personas en situación de riesgo de exclusión social. "Nos vamos a quedar en la calle. Los nuevos alquileres son absolutamente imposibles de pagar", aseguraban ayer varias familias que atraviesan dificultades económicas. La mayoría de ellas se acogen ahora a alquileres subvencionados por parte del Gobierno de Navarra. Llevan entre cinco y ocho años viviendo en alquiler, y a muchos de ellos les han notificado que paguen los 600 o 800 euros del nuevo alquiler o, en su defecto, entreguen las llaves. Un desalojo de facto. Es el caso de Souat. Esta mujer de origen marroquí accedió a una vivienda social de alquiler por violencia de género. Está separada y con dos hijas. "Ahora pago 299 euros, me han mandado una carta en la que me dicen que tengo que pagar 790. Si no firmo el contrato antes del 31 de marzo tengo que entregar las llaves con la vivienda vacía", asegura tras vivir ocho años en San Jorge, y no tener a donde ir. Ahora cobra la renta garantizada. Otra situación difícil es la que vive un matrimonio con dos hijos en el que solo trabaja el padre. Hasta ahora Elisabeth pagaba 200 euros. Y hay un tercer caso de padre solo con dos hijos. Los dos últimos tienen el mismo ultimátum: 31 de marzo en la calle o pagar 800 €. "Yo soy madre soltera y con 1.300 € mi sueldo es inviable para pagar 780 €. Te fuerzan a entregarles tus llaves", remarca quien venía abonando algo más de 200 euros. "A medida que van sacando a gente, Testa va poniendo sus pisos en alquiler en la web. Los alquileres privados están por las nubes y piden condiciones que no cumplimos. Nóminas, avales...", remarcan todos ellos.

"A las empresas les importamos una porra. No devuelven ni la fianza", expone Cristina Iribarren. Reclaman a las administraciones, y en especial al Gobierno foral, que pongan soluciones para garantizar "una vivienda digna". También piden poder negociar el precio del alquiler para que las familias puedan acceder a una subvención como la ayuda David. "El Gobierno algo tendrá que decir porque estas promotoras han estado recibiendo el precio total del módulo de VPO, que eran 5,5 euros el m2", destacan. "Nos vamos a juntar con la PAH y tendremos después una asamblea vecinal porque, o nos organizamos, o nos vamos a quedar todos en la calle", concluyen.