Rechazo frontal en los municipios navarros al acuerdo de la FEMP

Celebración de la Asamblea General Extraordinaria de la FNMC para elegir al presidente, el pasado octubre de 2019. Foto: Oskar Montero

- Alcaldes de algunos de los principales ayuntamientos navarros han mostrado su rechazo frontal al acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno Central para que el Ejecutivo pueda hacer uso de los remanentes de los consistorios. La iniciativa salió adelante con el único apoyo de los socialistas y con el voto de calidad del presidente, Abel Caballero (PSOE), que rompió el empate. Recoge también otros puntos importantes, ya que no aplica la regla de gasto para este 2020 y las Inversiones Financieramente Sostenibles podrán ejecutarse hasta 2021, pero sin duda el que atañe a la prestación del superávit acumulado es uno de los aspectos más polémicos.

El decreto ley, que salió publicado en el BOE el pasado cinco de agosto, establece que los ayuntamientos, de manera voluntaria, podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones en proporción a las cantidades entregadas. A partir de 2022, el Ejecutivo devolvería a los municipios el total de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, junto a los intereses. El documento tiene todavía que pasar por el Congreso de los Diputados para ser convalidado, aunque no cuenta con mayoría absoluta y en los últimos días ha sumado muchos detractores. Este pasado viernes, sin ir más lejos, hasta diez alcaldes de ocho formaciones políticas de distinto corte y de diferentes provincias se reunieron para hacer un frente común contra la medida.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos celebrará mañana una comisión ejecutiva para tratar el tema. Los representantes de EH Bildu presentarán, además, una propuesta para que la entidad muestre su rechazo a la iniciativa, texto que llevarán también al Parlamento. Y es que aquí, para los ayuntamientos navarros, no viene a ser más que un nuevo palo en la rueda desde que hace ocho años saliera adelante -con el Gobierno del PP- la Ley de Estabilidad presupuestaria que algunos de ellos piden derogar para poder utilizar sus ahorros, por ejemplo, en medidas que atajen la crisis de la covid. La norma les obliga a mantener a raya sus cuentas, ya que los ingresos han de ser iguales a los gastos y el remanente no se puede utilizar para lo que uno quiera.

Eso sirvió de cortapisa para todos aquellos municipios endeudados en los que el despilfarro terminó por hacer mella en las arcas municipales, pero implicó también que pagaran "justos por pecadores", ya que la ley merma considerablemente la capacidad de decisión y actuación de las entidades locales.

El quid de la cuestión, señala Juan Carlos Castillo -presidente de la FNMC y alcalde de Peralta-, es el equilibrio presupuestario, "y ante esto hay dos posibilidades: o se deroga la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder invertir los remanentes sin que computen como gasto, o se buscan fórmulas alternativas a la que se ha acordado. A mí no me gusta, pero tampoco se me ocurre otra", lamenta. Asume que el nuevo decreto tiene todavía un transcurso parlamentario al que hacer frente, "se van a poder presentar enmiendas e incluso echarlo para atrás, porque no cuenta con apoyos. Existen muchas dudas, porque no sabemos cómo va a afectar esto a las entidades locales navarras, si interfiere el convenio económico. En la reunión de mañana queremos escuchar la opinión de los miembros de la ejecutiva -avanza-. Lo lógico sería poder utilizar esos remanentes en la reactivación social y económica que todos necesitamos".

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), lamenta que se haya "roto" el consenso que hasta ahora venía siendo habitual en la FEMP. "Se habían abandonado las políticas de partidos y el seguidismo para luchar por el interés local, pero ahora no se ha hecho, y es grave", lamenta. Critica que no se haya escuchado a las federaciones territoriales antes de tomar esta decisión. "En Navarra hay oposición y la Federación tendrá algo que decir, hay que marcar una postura pero no se puede ir a toro pasado. Espero que seamos capaces de reconducir esta situación, de que se hagan las cosas bien". El Consistorio pamplonés contaba con un remanente de unos 17 millones de euros, aunque tras varias modificaciones presupuestarias para inversiones la cesión al Gobierno central afectaría a unos cuatro. "No sabemos qué pasa con los ayuntamientos que ya han utilizado ese superávit ni cómo se aplicaría ese acuerdo, si respeta el autogobierno. Hay que tomar decisiones desde el consenso", valora.

Para Alejandro Toquero, alcalde de Tudela (Navarra Suma), es también una mala noticia. "Sánchez y el PSOE han forzado en la FEMP aprobar un reparto injusto e insolidario de nuestros recursos. Se trata a los ayuntamientos como una administración menor sometida a tutela cuando son los entes locales los que han hecho su trabajo. Tras una época de esfuerzos extraordinarios para los ayuntamientos, el Gobierno de España atenta contra la autonomía local", señala. Rechaza el calificativo de "voluntario" de la transferencia ya que, dice, "el efecto de no transferir es no poder gastar más allá de la estabilidad financiera. En definitiva, es un chantaje en toda regla". Desde Zizur Mayor el alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), cree también que no es la mejor solución. "En Navarra no sabemos cómo nos puede afectar, aunque parece que es opcional. Pero defendemos la autonomía local y el autogobierno, y en este caso tanto el Gobierno de Navarra como la FNMC se tienen que mostrar contrarios", valora.

En el Valle de Baztan cuentan con 28 depósitos de agua, 13 centros escolares municipales, frontones en todos los pueblos y en torno a mil kilómetros de caminos "que hay que mantener. Todas las inversiones que realizamos suelen ser para el mantenimiento y soporte de las infraestructuras públicas del valle. Esta decisión es un sopapo muy grande, los ayuntamientos veníamos reclamando desde hace meses al Gobierno foral que mediara ante el Estado para que relajaran la Ley de Estabilidad Presupuestaria y poder utilizar el remanente. Habría que derogarla o reformularla. Pero ahora nos encontramos con esta medida totalmente unilateral, y no la compartimos, aunque sabemos que es voluntaria", valora el alcalde, Joseba Otondo (EH Bildu). Cuentan con un remanente de 1.876.527 €, pero también con "74 caseríos sin camino en condiciones que requieren de una inversión de unos 9 millones de euros para adecentarlos".

La unión de la Vía Verde con el centro de Lesaka o la mejora de los accesos y las pistas en Bera son también inversiones prioritarias en ambos municipios, donde sus alcaldes -Aitor Elexpuru y Ladis Satrustegi (EH Bildu), respectivamente- demandan poder utilizar sus ahorros para hacer frente a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Y es que cada municipio tiene sus particularidades.

En Tafalla hace poco más de un año sufrieron una catástrofe natural que les obligó a gastar 550.000 euros de emergencia para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones. "Superamos el techo de gasto en 335.000 euros. Eso ha supuesto que este año hayamos tenido que aprobar un plan económico que nos impide, tanto en 2020 como en 2021, utilizar el remanente, que asciende a 925.000 €. Y en una situación de pandemia, ¿cómo le explicas a un vecino que tenemos casi un millón de euros y no los podemos utilizar?", denuncia el alcalde, Jesús Arrizubieta (EH Bildu). "El acuerdo resulta muy confuso. Al fin y al cabo el remanente es nuestro dinero, el de los municipios, por una buena gestión que se ha realizado. Nadie nos ha regalado nada".

Lo mismo opina Pablo Azcona, alcalde de Lodosa (LOIU), que asume que "la mayor contraprestación es que ese dinero, que es fruto del esfuerzo y de la buena gestión, se pueda utilizar en beneficio de los vecinos y vecinas". Considera el acuerdo "rebuscado y fuera de lugar" y le resulta "sorprendente" disponer de ahorros "y tener que apretarnos el cinturón. En Navarra, en general, ha habido buena gestión y la liberación de los remanentes debería contribuir a paliar la situación, no servir para ejercer de prestamistas a otras instituciones".

También Koldo Leoz, alcalde de Estella (EH Bildu) asume que "este tipo de medidas y otras que van imponiendo perjudican a quienes mejor gestionamos el dinero que recibimos, y es que la ley nos deja poco margen. Las únicas inversiones que se pueden realizar con el remanente inciden en el modelo del ladrillo y el cemento, pero ahora mismo lo que más necesita la ciudadanía son servicios y personas", valora.

Para Javier Ollo, alcalde de Altsasu (Geroa Bai), el sabor de boca "es un tanto agridulce. En el último pleno ordinario aprobamos por unanimidad una declaración institucional pidiendo al Gobierno central que flexibilizara el remanente para llevar a cabo inversiones que ayuden a la reconstrucción social y económica. El acuerdo de la FEMP tiene algunos puntos positivos pero lejos de mi intención está aprobar ningún préstamo al Estado. Los ayuntamientos cumplidores estamos pagando lo que otros ayuntamientos, durante años y en épocas pasadas, han hecho mal".

"El consenso que siempre había existido en la FEMP se ha roto, y eso es grave"

Alcalde de Pamplona (Navarra Suma)

"Es un reparto injusto e insolidario de nuestros recursos, un chantaje"

Alcalde de Tudela (Navarra Suma)

"Tanto el Gobierno foral como la FNMC tienen que mostrarse contrarios"

Alcalde de Zizur Mayor (Geroa Bai)

"Este tipo de medidas perjudican a quienes mejor gestionamos el dinero"

Alcalde de Estella (EH Bildu)

"¿Cómo digo yo a los vecinos que tenemos casi un millón de euros que no podemos gastar?"

Alcalde de Tafalla (EH Bildu)

"Es una medida unilateral que no compartimos, aunque sea voluntaria"

Alcalde de Baztan (EH Bildu)