La protesta por el desalojo del gaztetxe de la Rochapea este jueves por la mañana ha dejado al menos seis detenidos y unos 40 identificados, según los convocantes de la concentración. Tres agentes de la Policía Nacional han resultado heridos.Se ha convocado una acción de protesta por dichas detenciones en la comisaria de la calle General Chinchilla.
La protesta ha concentrado un numeroso grupo de jóvenes que, con las cargas, se ha dispersado por la avenida Marcelo Celayeta y calles aledañas.
En el lugar hay ahora maquinaria de obra, pero se estima que su derribo no será inminente y habrá vigilancia policial, según ha anunciado el alcalde de Pamplona Enrique Maya.
El Ayuntamiento ha enviado una nota en que la ha defendido el desalojo porque "permitirá completar la urbanización de la zona con una nueva manzana de viviendas que tiene la planta baja de uso dotacional público".
Tras las cargas también se han producido lanzamientos de botellas y se han volcado varios contenedores.
Además, se había difundido por redes sociales que se encontraban tres jóvenes en una habitación hormigonada, lo que no ha resultado cierto, tras la inspección policial.
Imagen difundida por redes de tres jóvenes, supuestamente dentro del gaztetxe
Los presentes se estaban manifestando inicialmente junto a la puerta principal de Iwer (frente al Gaztetxe), pero los agentes les han informado de que la autorización de la manifestación por parte de la Delegación del Gobierno era entre Marcelo Celayeta con la calle Artica, a donde se han dirigido posteriormente sin incidentes y han continuado la protesta, con proclamas en defensa del gaztetxe.
Poco antes de las 10 de la mañana han comenzado las cargas policiales.
Por las imágenes difundidas, se ha llevado a cabo un importante despliegue policial para ejecutar la orden de desalojo del local. El acceso al gaztetxe estaba poco después de las 8 de la mañana acordonado por los agentes. Pasadas las 9 horas, un cerrajero ha abierto la puerta y la policía ha accedido al interior del gaztetxe. También se ha procedido a abrir la nave contigua, Talleres San Pedro.
El inmueble se encuentra junto a un almacén propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. Ambos edificios están incluidos en la unidad A5 del Plan Parcial de Rochapea, espacio que da frente a las calles Artica, entre los números 24 y 30, y la travesía de Artica, s/n.
Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, en 2007 el pleno municipal aprobó definitivamente la 'Modificación del Plan Parcial Rochapea de Pamplona. Unidad A5', en el cual se establece la ordenación pormenorizada que posibilita la transformación de la edificación existente de carácter industrial en edificaciones y usos residenciales y dotacionales. La ordenación aprobada completa la manzana con un diseño similar a la edificación residencial contigua.
Así se mantiene una altura de planta baja y 4 pisos y con una profundidad máxima en planta de 12 metros. Las plantas elevadas se destinan a uso residencial, con aparcamiento vinculado en el sótano, y la planta baja, que puede ocuparse en su totalidad, está calificada con uso dotacional público.
El desalojo de esta mañana, denominado jurídicamente desahucio por precario, se ha realizado de acuerdo a la diligencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 tras la demanda de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución A-5 de la U.I.III Rochapea. La sentencia estima la demanda "al existir, en definitiva, un allanamiento", "es decir, una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no corresponde, aunque la persona se halle en la tenencia material del mismo".
MAYA: "TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS" PARA EVITAR OTRA OCUPACIÓN
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha hecho una valoración "positiva" de la actuación llevada a cabo este jueves para desalojar el gaztetxe ubicado en el barrio de la Rochapea y ha destacado que "se adoptarán todas las medidas necesarias" para evitar que el edificio sea ocupado de nuevo.
En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha explicado que, "cumpliendo todas las normativas legales y después de que desde el juzgado se ha dicho que se podía desalojar, hemos cumplido con esa responsabilidad y con ese objetivo, porque para nosotros las ocupaciones no son tolerables".
"Una vez tenido ya el día del lanzamiento y los medios disponibles, sobre todo a través de Policía Nacional y Policía Municipal, coordinadamente se han tomado las medidas que había que tomar para ese desalojo y se ha procedido a él", ha indicado el alcalde, que ha añadido que "desde la normalidad con la que hemos actuado mi valoración es positiva de la actuación".
Ha subrayado que "era esperado que podría haber incidentes, estas personas siempre actúan igual, no suelen ser nunca desalojos no violentos, se resisten, y hemos tenido que cumplir con nuestra responsabilidad y finalmente adoptaremos todas las medidas para que no se vuelva a ocupar".
Enrique Maya ha recordado que "está previsto el derribo de las naves para construir nuevos edificios de viviendas, que hacen falta", y ha resaltado que con esta actuación se da "respuesta a la necesidad de viviendas".
Preguntado sobre las medidas que se van a adoptar para evitar una nueva ocupación del inmueble, Maya ha contestado que "eso forma parte de la propia actuación policial". "Habrá vigilancia policial y, finalmente, la idea es proceder al derribo de esas naves hasta el punto de que las haga inocupables otra vez. Eso ya es una cuestión técnica pero que nadie dude que se adoptarán todas las medidas necesarias", ha reiterado.
El alcalde ha señalado, además, que "estas ocupaciones producen molestias en el vecindario y nosotros tenemos que velar sobre todo por las personas que cumplen con sus obligaciones, con lo que tienen que hacer, y encima sufren molestias". "Tenemos que impedir que nuevamente sea ocupado y lo haremos".
La nave desalojada, de acuerdo a la sentencia judicial, llevaba varios años sin actividad antes de ser ocupada en septiembre de 2016. Los informes municipales redactados dos años después señalaron que no reunía "condiciones de seguridad para desarrollar actividades de pública concurrencia".
