- Estos últimos días se ha instaurado entre los vecinos de Marcilla un malestar generalizado derivado de los problemas (peleas, robos, acercamientos a menores y actos vandálicos) que se están dando en el municipio y que achacan al COA (Centro de Observación y Acogimiento) que hay en la localidad, en concreto en el antiguo convento de las monjas que se adecuó para ello. Tras la concentración que la ciudadanía organizó para denunciar esta situación, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto y mantuvo una reunión con la consejera de Derechos Sociales, el jefe de Policía Foral y los responsables del COA para atajar los problemas y para solicitar las normas y protocolos por los que se rige el centro así como un informe de las actuaciones que Policía Foral ha llevado a cabo en dichas instalaciones durante estos meses.

Sin embargo, ahora salta a la palestra un nuevo punto de vista, y es que los delegados de LAB de la empresa UTE Zakan, la firma encargada de gestionar el centro, tras denunciar varias irregularidades en los últimos tiempos, cargan contra la dirección por falta de responsabilidad y por "lavarse las manos ante un asunto que se veía venir".

UTE Zakan, integrada por Agintzari y Zabaldu, se hizo cargo del centro, que cuenta con unos 30 trabajadores, cuando abrió sus puertas en junio de 2019, un tiempo en el que, exponen desde LAB, "la situación era totalmente diferente. De hecho, y para tratar de contrarrestar las reticencias vecinales, se hizo una labor inclusiva muy importante por parte de los trabajadores y, además, incluso se organizó una jornada de puertas abiertas para que todos conociesen qué se hacía ahí y qué aportábamos a los menores; la empresa, eso sí, nunca nos dio unas pautas o un programa educativo".

Con el paso de los meses cambia la dirección y coordinación del centro "y se va perdiendo empatía", pero es en 2020 cuando llegan los grandes problemas y discrepancias. "A la dirección del centro se le dice lo que se avecina, pero se nos obvia y no se nos escucha". De hecho, es por aquel entonces cuando rompen lazos con otras entidades con las que el centro colaboraba como el instituto o la residencia.

De acuerdo con los delegados sindicalistas, "ya veíamos que algo iba a pasar e intentamos tomar cartas en el asunto y, de hecho, incluso denunciamos la falta de protocolos. El problema es que no teníamos herramientas que ofrecerles; no había ni directrices ni consecuencias ni repercusiones, y poco a poco el problema se fue acrecentando".

Desde LAB "no justificamos ni mucho menos estas acciones pero estamos menospreciando, castigando y generalizando. Antes de culpar y señalar de manera verbal con palabras racistas, como hemos podido ver y escuchar y como está haciendo la ultraderecha, entre ellos Vox, cargando directamente contra los menores y pidiendo el cierre del centro, deberíamos abordar quién está detrás de todo esto. Creemos que se castiga al menor sin pensar en el más allá. Entendemos que la gente esté molesta, pero ¿quién responde por ellos? Si no hay un modelo educativo para garantizar una estabilidad, no va a haber mejora. UTE Zakan está siendo inactiva y está ofreciendo un servicio paupérrimo y denigrante; hay una dejadez y una falta de decisiones acuciante por parte de los responsables del centro, ya que están priorizando los intereses económicos a la calidad del servicio, que es insuficiente hacia los menores, por descontado, porque no se están dando las condiciones necesarias para una sana inclusión social, pero es que, además, no se está cuidando nada de los trabajadores".

Los cambios sociales, insisten, no se dan de un día para otro y además, aseveran, no todos tienen los mismos problemas. "Eso es lo que ha conseguido la empresa: que la gente del pueblo esté a la gresca con los menores pero, ¿quién es el responsable? ¿Quién está detrás de ellos? Molesta que todos los medios de comunicación hablen de los menores pero nadie responsabilice a la empresa; la gente tiene animadversión por ellos, el ambiente está desbordado, irascible y, a nada que pase, se les va a acusar y señalar pero, volvemos a lo mismo. ¿Quién está detrás del COA Marcilla?".

Esta situación ya la denunciaron ante la Inspección de Trabajo y pidieron en el mes de junio que una persona del Instituto de Salud Pública y Laboral se acercase al centro. Además, y en cuanto al papel del Gobierno de Navarra, que es quien adjudicó la gestión del COA y que este verano tenía que haber vuelto a salir a concurso, creen que "ha sido incapaz de fiscalizar a una entidad que se está lucrando de un sector vulnerable. Compartimos y entendemos el malestar y el sentir de la gente pero es la empresa la que tiene que dar la cara y salir a la luz".

Para finalizar, reiteran desde este sindicato que en ocasiones han intentado reparar el daño o el mal causado en la localidad y desde la propia dirección se les ha silenciado, "somos un eco molesto y está claro que, si no hay autocrítica, no hay crecimiento, y la dirección no lo reconoce; hay inacción, dejadez y los ánimos están por los suelos".