tudela - El Ayuntamiento de Tudela ha encargado un proyecto para realizar una estimación del coste y de la mejor manera de proceder al derribo del edificio conocido como Don Colchón. Así lo señaló el concejal de Urbanismo Daniel López que reconoció que es un trabajo que llevaba muchos años de retraso y que ya tenían que haber acometido los diferentes gobiernos de UPN desde el año 2002 en que el Consistorio, presidido por Luis Campoy y con Luis Casado como concejal de Urbanismo, adquirió el inmueble por más de 806.000 euros, con el único objetivo de derribarlo. Este inmueble se encontraba fuera de ordenación ya que, desde que fue construido se encontraba en un emplazamiento donde no podía estar, según señalaba el PEPRI por la presencia del cerro de Santa Bárbara donde se encuentra.

Además, desde el año 2006 el Consistorio del alcalde Luis Casado (UPN) no realizó ninguna gestión para poder acceder a las subvenciones que destinaba el Gobierno de Navarra para este fin y que ascendían a más de 460.000 euros. Casi dos décadas después de haberlo comprado para su demolición, el edificio conocido como Don Colchón sigue esperando para ser demolido.

la historia La compra del inmueble se aprobó en el pleno del 29 de noviembre de 2002 y solo UPN respaldó la compra por 806.214,16 euros. IU se abstuvo y el resto de los grupos (PSN y Batzarre) votaron en contra porque no estaban de acuerdo ni con el precio ni con las formas de pago, ya que UPN optó por la tasación más elevada y por hacerlo solo en dos plazos, menos de los que incluso había solicitado el propietario. Además, el Ayuntamiento de Tudela se encargó de pagar los gastos notariales y las plusvalías, aunque éstas solo se abonan cuando el comprador obtiene algún beneficio. El entonces concejal de Urbanismo, Luis Casado, pese a las sugerencias de Intervención, no quiso esperar a la expropiación, algo que le recriminaron desde la oposición.

UPN se acogió a la cantidad mayor que indicó el perito, que marcó un precio entre 166.810 euros y los 806.214 euros que finalmente se abonaron. Eran otros tiempos y las arcas municipales estaban bastante llenas, ya que en la firma (diciembre de 2002) se desembolsaron 300.506 euros y el resto “en el primer ejercicio del año 2003”. “No lo entiendo; los plazos, el precio ni el pago de plusvalías”, decía entonces desconcertado el edil de Batzarre José María Lacarra.

El portavoz socialista en 2002, Ángel Sada, recordaba que se podía “haber esperado tranquilamente a la expropiación” y añadió que “solo por iniciativa de la oposición y de los servicios técnicos se accedió a realizar una peritación”, ya que UPN se había sentado a negociar sin nada. Sada recordó que el terreno sobre el que el propietario construyó el edificio de tres plantas había sido “no urbanizable” y el propio Consistorio lo había declarado “urbanizable” antes de redactar el PEPRI.

“Deuda moral”. En su contestación, Casado se remontó a unos años antes del PEPRI: al propietario se le dio permiso para construir y después se declaró al inmueble fuera de ordenación. La vivienda nunca se ocupó porque no se pudieron terminar las obras, pero se explotó en los bajos un bar asador. Además el Consistorio, durante todos los años que estuvo como ilegal, le siguió cobrando la contribución urbana. “Es una deuda moral con este ciudadano y este Ayuntamiento lo prefiere comprar antes que expropiar. Es una obligación del Ayuntamiento para el uso que se va a dar como zona verde”.