castejón - El sindicato UGT acusó ayer al alcalde de Castejón de ser “intolerante” en la polémica de las piscinas cubiertas porque a su juicio, “se ha negado sistemáticamente a recibir a la representación de la plantilla e incluso a responder a las preguntas de los grupos de la oposición sobre cuánto durará el cierre temporal y qué futuro les espera a los trabajadores”. En el último pleno municipal el alcalde propuso el cierre temporal de las piscinas para retirar la gestión a la actual empresa y volverlo a sacar a licitación dado que por el contrato que se firmó con la misma las arcas municipales han de hacer frente a más de 350000 euros de pérdidas cada año. Sin embargo la oposición no se mostró favorable y el punto se acabó retirando.

Para el sindicato UGT, y su delegada en el comité de empresa de los empleados de las piscinas, “los trabajadores de la instalación deportiva El Romeral de Castejón denuncian la actitud del actual alcalde, que desde que llegó al cargo en 2015 está empeñado en cerrar las piscinas, negándose a buscar soluciones, sin importarle dejar a doce familias en la calle”. En el pleno, el primer edil señaló que los empleados serían subrogados ya que aunque la gestión fuera municipal se sacarían a licitación algunos de los servicios.

UGT indicó ayer que si se hubiera aprobado la propuesta “se hubiese producido un cierre definitivo de la piscina cubierta y un cierre indefinido del resto del complejo, lo que hubiera supuesto que los trabajadores y trabajadoras ya estaríamos en el paro”.

Para la plantilla, la situación actual “es más sangrante aún al tratarse de un alcalde que se dice de izquierdas” y le acusan de no demostrar “la más mínima sensibilidad social. Pensábamos que como vecino, como sindicalista de izquierdas que ha sido y como cabeza de las manifestaciones de Trenasa, tendría un poco de empatía con los trabajadores, pero sus actuaciones políticas demuestran que no tiene ninguna”.

Los trabajadores denuncian que el alcalde lleva desde 2015 negándose a licitar la gestión del complejo, “lo que hubiese evitado muchos de los problemas que se han producido. Precisamente esa negativa a sacar la nueva licitación es lo que ha provocado una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a pagar el 100% de las pérdidas, por haberse negado a pagar el 40% que correspondía por contrato”. - F. P-N.