pamplona - La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, afirmó ayer que no es posible conocer el coste de la supresión del precio del peaje de la AP-15 en Imárcoain, entre el 9 de julio y el 6 de agosto. Durante una sesión plenaria, la consejera contestó a la pregunta de Maiorga Ramirez, parlamentario de EH Bildu, sobre la medida adoptada tras la riada y mientras duraron las obras de reparación de la vía N-121. Saiz explicó que el cálculo de la compensación a AUDENASA por la supresión se realizó en función de la fórmula convenida con la entidad.
En este sentido, indicó que los convenios establecen una compensación económica a abonar por el Gobierno de Navarra por la aplicación de los descuentos en peajes que se obtiene como diferencia entre la recaudación teórica y la recaudación real del periodo.
Señaló que la supresión del peaje en Imárcoain “redujo la recaudación real de la concesionaria y, por tanto, incrementa en la misma cuantía la aportación económica que realiza el Gobierno de Navarra” de manera que “se produce un reequilibrio automático de los ingresos”.
Por su parte, Ramírez opinó que “parece fácil comparar” lo que costó el peaje el año pasado con lo que ha costado durante el periodo de supresión. Así, indicio que, respecto al año pasado, el peaje ha supuesto un coste de más de un millón de euros entre julio y agosto, y millón y medio más respecto a 2017. El parlamentario preguntó si la supresión del peaje fue una medida “eficaz y por qué estuvieron las barreras abiertas hasta el 6 de agosto, cuánto costó esa decisión y a quién benefició” ya que “desde el 16 de julio el tránsito ya era normalizado”, remarcó.
En su réplica, Saiz explicó que las facturas totales en el periodo de supresión del peaje fueron de 3 millones de euros “pero solo una parte puede ser imputable a la medida adoptada por la catástrofe”. Por último, detalló que está “perfectamente asegurado que la concesionaria no recibe ni más ni menos que el importe que le corresponde”. - E. Pujol
