Matar al mensajero

eS cierto que sobre Wikileaks permanecen amplias zonas de sombra, entre ellas qué o quién o quiénes están detrás. Posiblemente, una o varias grandes corporaciones multinacionales con intereses aún ocultos. Es cierto también que la filtración a determinados medios impresos de los documentos -por ejemplo, El País- no es desinteresada por parte de Wikileaks, lo que abre un debate sobre la capacidad profesional real de periodistas y medios de atender el derecho democrático de los ciudadanos a una información veraz y rigurosa cuando están sometidos a unas exclusivas servidas a través de la red por un confuso personaje. Pero más allá de estas y otras dudas, los documentos publicados ponen, en el caso del Estado español, a destacados miembros del Gobierno de Zapatero -desde el ex ministro Miguel Ángel Moratinos a la ex vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega o al actual fiscal general Cándido Conde-Pumpido-, en una posición insostenible en temas democráticamente sensibles como el asesinato en Irak del cámara José Couso, la recepción de presos de Guantánamo a cambio de fotos con Obama y dinero o la investigación de los vuelos secretos de la CIA. Las revelaciones de Wikileaks exigen explicaciones claras más allá del desmentido oficial de que los informes no son completos o que son cosas que ya se sabían. Lo peor no es la imagen humillante y lacaya de todos ellos ante los intereses del poderoso amigo americano, sino la evidencia de que los gobiernos siguen anteponiendo esa oscura idea de los intereses de Estado a los valores de la ética democrática. Y matar al mensajero que lo hace público no evita esa infamia.