La ministra de Sanidad, Mónica García, parece enrocada en proyectar la responsabilidad del conflicto con los médicos en las autonomías, cuando no es eso lo que el colectivo convocante de la huelga demanda. Es al Ministerio al que los médicos demandan un Estatuto propio y diferenciado y tres veces rechazó la ministra hacerlo aduciendo que “rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud”. Con ese argumento, el Ministerio cerró el paso a reconocer la especificidad médica y la penosidad de la profesión. Hay elementos dentro del Estatuto Marco Sanitario que, efectivamente, recaen en su ejecución dentro de las competencias autonómicas. Pero el núcleo del conflicto no es el marco que pueden manejar los Gobiernos autonómico. El problema es que el Estado se niega a legislar un Estatuto específico para los médicos y que para eludirlo, sus representantes sindicales fueron “convidados de piedra”: no tuvieron representación en la mesa, no se les consultó y el texto final ignora sus demandas históricas. El conflicto era previsible.
Pero la ministra reitera una y otra vez que los sindicatos médicos negocien con las comunidades la implantación de un modelo dictado. Es falaz, porque las comunidades no pueden satisfacer la demanda de un Estatuto propio, regulado por ley estatal. Las CC.AA. tampoco pueden modificar el límite de 17 horas de guardia, la jornada base de 45 horas, la clasificación base de la profesión ni la cotización de guardias para jubilación. Son competencias exclusivas del Ministerio. Varias comunidades han pedido una negociación real. La próxima reunión para explorar una vía de solución que suspenda las huelgas podría contar ya con la mediación de una organización neutral, apuntando a una plataforma de pacientes. Pero las prevenciones del colectivo de médicos de que se limite a una maniobra para desactivar la huelga no abren expectativas positivas. Su retraso a después de la Semana Santa, tampoco augura que se evite la próxima semana de paros en abril. El problema persistirá mientras el Ministerio se aferre a un proceder unilateral que dictó un modelo de espaldas a los médicos y las autonomías. La solución nunca puede llegar de la negociación entre ambos. Los médicos exigen lo que solo el Estado puede darles y el escapismo de la ministra no cambiará eso.
