Que el sector público ha impulsado algunas de las inversiones privadas más exitosas de la historia es de sobra conocido, aunque muchas veces esta presencia quede reducida a una anotación a pie de página. Y solo por ello, cualquier instrumento del que se dote Navarra para reforzar su tejido empresarial, para garantizar el arraigo y la propiedad de las empresas en un mundo que es plano solo para el dinero, debe ser recibido como una buena noticia. El acuerdo al que han llegado el Instituto Navarro de Inversiones (INI) –una empresa pública que todavía debe justificar con hechos su utilidad y su puesta en marcha– y la Fundación Caja Navarra para poder tomar participaciones empresariales parece abrir una nueva vía en este objetivo.
Aunque sea, de momento, una apuesta modesta, con una potencia de fuego muy limitada. También supone un doloroso recordatorio de lo que ya no puede hacer Navarra, que hace 15 años, con la participación activa de UPN y el estruendoso silencio entonces del PSN, se quedó sin Caja Navarra, su entidad financiera de referencia. Un golpe cuyas consecuencias económicas, por lo que sea, ningún think tank de esos que analiza cada décima de la presión fiscal ha considerado oportuno estudiar.
