Los efectos de ley de UPN en la educación navarra: varios interrogantes y alguna certeza

Una cuestión está clara y es que los quince conciertos que el Departamento de Educación pretendía suprimir se mantienen al menos un curso más. Y es que la norma incorpora la derogación expresa de la resolución que regulaba la renovación de conciertos educativos para Infantil y Bachillerato a partir del curso 2026-27, una medida muy cuestionada por las patronales, centros y familias de la enseñanza concertada.

Así las cosas, Educación deberá concertar 290 unidades en lugar de las 276 anunciadas. Recuperan el concierto que habían perdido las ikastolas de Tafalla, Lodosa, Lesaka, Estella-Lizarra, Bera y San Fermin así como los colegios San Cernin, Maristas, Luis Amigó, La Compasión Escolapios, Sagrado Corazón, Escuelas Pías de Tafalla, Santa Ana de Estella, La Milagrosa de Lodosa y Nuestra Señora de los Dolores de Mendavia. 

Hay un centro, Jaso ikastola de Pamplona, que ahora tiene 5 conciertos y había solicitado (y se lo habían aceptado) 6 con el objetivo de recuperar la unidad que perdió en el curso 2023-24. En cualquier caso, no le influye en las nuevas solicitudes de 3 años (35 para 50 plazas) ya que la promoción que sufrió el recorte está actualmente en 3º de Infantil y, si no hay cambios, pasarán a 1º de Primaria con solo una línea.

En un principio, esta moratoria de un año también afecta a la enseñanza pública, sin embargo, algunas voces de esta red muestran sus dudas de que esto vaya a ocurrir. "El concierto es el garante de que esas aulas no se van a cerrar pero en la pública no hay ningún tipo de garantías. Es como un brindis al sol. El Departamento decidirá lo que tiene que hacer", reflexionan desde Steilas, sindicato mayoritario en la enseñanza pública.

La equiparación de ratios, para 2027-28

Otra duda es qué va a pasar con el proceso de prematrícula. El consejero Carlos Gimeno advirtió hace diez días que, de aprobarse la ley, el Departamento de Educación se vería abocado a repetir el proceso de admisión porque habría que aplicar una bajada de ratios en la enseñanza concertada y también influiría en la elaboración de las plantillas.

En su intervención, Gimeno aseveró que la aprobación de la ley podría afectar a alumnado del colegio público Huertas Mayores y pondría en peligro la apertura de una unidad de modelo D en Falces, que ha recibido trece solicitudes. Los efectos , prosiguó, también llegarían a la Formación Profesional y habría colegios concertados con matrícula sobrante al aplicarse la reducción de las ratios. 

Ahora bien, la aprobación de una enmienda de UPN que retrasa la aplicación de la equiparación de las ratios en ambas redes al curso 2027-28 podría dar cierto margen al Departamento y quizá no será necesario repetir el proceso de admisión.

Por otra parte, en aquella intervención, el consejero Carlos Gimeno también advirtió de que la normativa tenía "visos de inconstitucionalidad" porque, a su juicio, invade competencias que la legislación básica atribuye a las administraciones educativas.

Y es que la normativa aprobada plantea una redefinición de los criterios para renovar los conciertos educativos. La decisión, dependará, entre otros, de la valoración obligatoria de las diferentes propuestas que las direcciones de los centros trasladen al Departamento, a fin de adecuar las unidades educativas a las variaciones en el número de alumnos. Estas propuestas, según se hace constar, podrán diferir de las del Departamento en cuestiones tales como inclusión educativa, necesidades de la población escolar, innovación pedagógica, intervención social o cualquier otra que se estimara pertinente.