También víctimas

lA cuestión del reconocimiento de las víctimas de la violencia es ante todo un asunto de derechos humanos: los derechos humanos son universales y alcanzan a cada ciudadano y ciudadana independientemente de su condición social, judicial, política, religiosa o penal, por lo que no cabe una interpretación restrictiva de las consecuencias de su violación en función de quién o quiénes sean los autores. Es evidente que el terrorismo de ETA acumula la mayor parte de las víctimas, pero no citar también el terrorismo derechista, la guerra sucia impulsada desde los aparatos del Estado, las desapariciones o los casos de tortura y malos tratos condenados en los tribunales -incluso las personas y familias sometidas a la violencia franquista y a décadas de represión y persecución a cuya memoria aún se ponen obstáculos-, supone un intento de discriminación y de obviar parte del sufrimiento humano generado por la violencia. De hecho, las víctimas de ETA han alcanzado el necesario y legítimo reconocimiento social, político y económico. Y aunque quienes hayan vivido de forma directa las consecuencias de la violencia política jamás podrán ser suficientemente resarcidos, el derecho a la verdad, la justicia y la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Será importante la asunción institucional de esta realidad y el rechazo social a la instrumentalización política y electoral de unas u otras víctimas para avanzar hacia la reconciliación social y la normalización política. Pero antes que ello se trata de derechos humanos. Ésa es la base de la legitimación democrática de un reconocimiento sin exclusiones.