MILES de personas se quedaron ayer en tierra; muchas de ellas verán truncadas sus expectativas de volar en este puente o si llegan finalmente a sus destinos será tras un periplo de nervios, discusiones, incertidumbre, reclamaciones, enfados y horas interminables de espera e impotencia en los aeropuertos, sin ningún tipo de derecho más que a la pataleta. Una baja masiva del personal de controladores aéreos, más de un 70% a la vez, obligó en la hora punta de salida a cerrar el aeropuerto de Madrid-Barajas, los de Baleares y Canarias y forzó el cierre del espacio aéreo y el caos total en los aeropuertos. En la recién estrenada terminal de Noáin, entre el temporal de nieve y la falta de controladores, se suspendieron 13 vuelos. Unos cuatro millones de usuarios tenían previsto coger un avión en este puente y ni ellos ni el resto de la sociedad puede entender el despropósito de los controladores aéreos. Más allá de si las reivindicaciones de este colectivo son o no asumibles (cobran un sueldo medio de 350.000 euros anuales) o ni siquiera comprensibles en una sociedad acuciada por la crisis y muy distante de las condiciones laborales de un sector privilegiado, es ya injustificable por el modo intempestivo, repentino y no razonado en que se ejecutó ayer la medida abusiva y desproporcionada. La baja masiva de los controladores, una huelga encubierta y sin aviso previo para el Gobierno, se produjo justo en la operación salida del puente, apenas dos horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto que regula su jornada laboral con una nueva norma que obliga a todos los controladores a someterse a reconocimientos médicos en el momento en el que se dan de baja y permite militarizar el control de los aeropuertos en determinadas circunstancias, medida puesta en marcha ayer mismo como solución de urgencia a pesar de que los propios controladores militares dijeron en verano que no se encontraban preparados para la labor. Pero el Gobierno español, el Ministerio de Fomento que dirige José Blanco, no está exento de culpa en una crisis que ha cerrado ya en varias ocasiones en falso, la última en plena operación salida de agosto. Controladores y gobierno han sumado despropósitos tanto en la negociación, en el modo de afrontarla, como en la falta de previsión de lo que sus posturas de fuerza podían provocar y la sociedad ni puede ni deber ser pagana de la cerrazón y la incapacidad que unos y otros han demostrado.