uNA semana después de que un plante planificado de cientos de controladores aéreos dejara en la estacada de los aeropuertos a decenas de miles de ciudadanos en el comienzo del puente festivo más largo del año, Zapatero compareció ayer ante el Congreso para explicar las medidas adoptadas y asegurar que aquellos hechos tendrán consecuencias y no se volverán a repetir. Además de amenazar con extender en el tiempo el decreto del estado de alarma, una medida de excepcionalidad constitucional, crítica en cuanto que permite dejar en manos de unos militares sin preparación real y efectiva el control de la seguridad aérea, inútil desde el punto de vista de responder por los daños ocasionados y cuyo mantenimiento sería perjudicial para los intereses económicos generales en plena crisis. Casi al mismo tiempo, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, adelantaba que solicitará hasta ocho años de cárcel para los controladores que dejaron sus puestos de trabajo. Es decir, la comparecencia de Zapatero se limitó a ahondar en una de las claves del conflicto, las posibles consecuencias laborales y penales en que hayan podido incurrir los controladores que intentaron mantener un pulso con el Gobierno con miles de personas como rehenes en los aeropuertos. No es la primera vez que este colectivo -amparado en un convenio ventajista y corporativista firmado por Aznar y Álvarez Cascos- actúa de esta forma, por lo que parece necesario que el Estado, a través del Ministerio de Fomento y de AENA, recupere el control sobre una aspecto clave del espacio aéreo que afecta además a la seguridad de cientos de miles de viajeros. Sin embargo, en esa misma comparecencia se dejó de lado la asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno, y en concreto del ministro de Fomento, José Blanco, una vez que su ineficacia afectó a los derechos de casi 600.000 usuarios. Más aún cuando ahora se conoce que tenía información previa del plante al entender los controladores que se estaba vulnerando el acuerdo alcanzado con él mismo antes del verano. Que los controladores hayan actuado de forma irresponsable y que de ello se puedan derivar responsabilidades laborales y penales no puede impedir ver que del caos del 3 de diciembre también se debieran derivar responsabilidades políticas, bien mediante la vía de la dimisión o, si ésta no se produce como es habitual, por la destitución. Lo contrario son explicaciones a medias.
