como ya ocurriera con la sentencia absolutoria del caso Egunkaria, el fallo de la Audiencia Nacional que absuelve a Otegi, Permach y Alvarez del delito de enaltecimiento de ETA en el acto de Anoeta de 2004 suscita entusiastas reacciones que lo apuntan como un ejemplo más del buen funcionamiento del Estado de Derecho. En realidad, en uno y en otro caso los jueces han desvelado lo contrario: una gran estafa político-judicial que ha afectado a derechos civiles y democráticos básicos en un modelo garantista de Justicia. A Otegi, Permach y Alvarez se les encarceló de forma preventiva por un presunto delito del que no había una sola prueba judicial objetiva que avalase ni la acusación, ni la detención, ni mucho menos la prolongación del proceso hasta la celebración del juicio. De hecho, la Audiencia Nacional crítica con dureza los informes policiales sobre aquel acto, la única vía que ha sostenido todo el proceso judicial. A Otegi se le pueden exigir responsabilidades políticas por sus posiciones acríticas con la deriva terrorista o, como a cualquiera, responsabilidades penales por delitos tipificados. Pero nada de eso ha ocurrido. Más que motivo de satisfacción o de que se vincule esta sentencia con supuestos nuevos tiempos políticos, el fallo supone un escándalo de vulneración de derechos ciudadanos del que debieran derivarse responsabilidades varias, cosa que no ocurrirá como en otros casos de meses o años de cárcel preventiva que acaban en absolución. Y Otegi lleva un año en la cárcel por reunirse para hablar de política, de forma pública y notoria, y diseñar una estrategia para el fin de ETA. Parece más de lo mismo.
