LA reunión de la Comisión del Pacto de Toledo, que ayer concluyócon un mínimo acuerdo en torno al aumento del periodo de cálculode las pensiones más allá de los actuales 15 años (pese al desmarquede IU, ERC y BNG) y con avances -al menos con CiU- respecto alretraso en la edad de jubilación a los 67 años, hace patentela dificultad de consenso para determinar las necesidades realesde reforma del sistema, cuáles son éstas o incluso si surgenpor la presión internacional derivada de la situación generalde la economía española, sobre la que los actuales -mucho menoslos futuros- trabajadores y pensionistas carecen de responsabilidad.Es cierto que la OCDE ya recomendó en febrero a José Luis RodríguezZapatero la adecuación de la edad de jubilación a la esperanzade vida. Y que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-ClaudeTrichet, pidió de nuevo hace apenas cinco días al Ejecutivo españolla reforma urgente del sistema. O que nadie parece dudar ya delas predicciones del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, queelevan los actuales nueve millones de pensionistas del Estadoa algo más de 15 millones dentro de 40 años, lo que supondríaun gasto público del 15% del PIB cuando hoy es del 9%. Tambiénque Holanda y Alemania (67 años) y Gran Bretaña (68) ya han decididoelevar la edad de jubilación. Pero todo ello no es razón suficiente,sobre todo sin una explicación persuasiva que aún no se ha ofrecido.Así, tanto en el caso de la modificación del periodo mínimo decotización de 15 años, vigente desde 2002, como en el retrasode la edad de jubilación, no contemplar gradualismos, particularidadese incluso la libertad de elegir el momento y modo de la jubilaciónen virtud de determinadas circunstancias laborales o personales-es decir, no especificar al detalle el planteamiento- podríajustificar la duda de que la pretensión de la reforma y su urgenciano se plantean precisamente con el objetivo de evitar la descomposicióndel sistema sino con el de satisfacer otras necesidades más actualesque poco o nada tienen que ver con la sostenibilidad de la SeguridadSocial. Y es al Gobierno de Zapatero al que compete aclararlosi pretende neutralizar la idea, ya asentada socialmente, deque la reforma de las pensiones no es sino otro modo de trasladaral ciudadano las consecuencias de una crisis global en cuya génesisno ha participado.