pARECE un denominador común objetivo que era necesario abordar una reorganización efectiva de las empresas públicas de Navarra, y finalmente ayer el Gobierno de UPN presentó la propuesta para reagrupar las 38 actuales en sólo 13. De hecho, la Cámara de Comptos venía demandando desde hace años sin éxito alguno la necesidad de racionalizar el sector público que conforman empresas y fundaciones -incluso la supresión de algunos organismos autónomos-, tanto para asegurar la eficiencia del gasto público como para garantizar la máxima transparencia y control democrático. De lo acertado o no de la medida dará cuenta el tiempo, pero la propuesta expone de partida algunas sombras. La primera de ellas, la obviedad de que UPN ha tardado toda la Legislatura -como mínimo, ya que Sanz gobierna desde 1996 y siempre había sido uno de los objetivos de cada investidura- en abordar esta reestructuración. En segundo término, la reorganización presentada por Álvaro Miranda incide precisamente en las críticas que tanto Comptos como la oposición venían denunciando al admitir implícitamente la inutilidad de algunas de las empresas públicas en activo, la duplicidad de objetos sociales compartidos entre ellas o el oscurantismo que amparaba la actuación de algunas al no estar sujetas al control político del Parlamento. La reubicación de Sprin en la gestión deportiva es el mejor ejemplo de todo ello, más aún cuando su actuación ha sido puesta en cuestión de forma permanente por no garantizar los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia y objetividad que deben presidir la acción y contratación en las sociedades públicas. Y en tercer lugar, Miranda afirmó que la reducción de empresas públicas no afectaría al empleo, al menos de forma traumática -actualmente trabajan 1.265 personas-, y tampoco aclaró el futuro de gerentes y demás altos cargos, incluidos ex cargos políticos recolocados, buena parte designados por el dedo de la afinidad política o personal. La reorganización del sector público era una necesidad que la crisis ha convertido en ineludible ante la imposibilidad de justificar el despilfarro -el ahorro previsto es de 30 millones de euros al año, 600.000 sólo en dietas de los consejos de administración- que representaba la sobredimensión actual. En todo caso, la medida es positiva y debe servir para que Navarra cuente con un sector empresarial público eficiente y transparente.