Otra ley para Internet

LA Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible(LES), más conocida como Ley de Descargas o Ley Sinde por tratarsede una iniciativa que ha impulsado la ministra de Cultura, ÁngelesGonzález-Sinde -quien rechazó ayer dimitir y aseguró que seguirátrabajando en la nueva ley-, ha recabado una respuesta parlamentariaquizás discordante con la lógica de sus teóricos fines pero coherentecon su inexplicable inclusión en una ley mucho más amplia e inespecíficay con la incapacidad de sus promotores para plasmar la imprescindiblecohabitación del derecho a la propiedad intelectual y el derechoa la libertad de expresión e información a través de las nuevastecnologías. Más aún, si a ambas carencias se añaden el muy mayoritariorechazo de los usuarios de Internet -con su actual capacidadpara generar ruido social y mediático-, el escaso o nulo esfuerzodel Ministerio de Cultura por replantearse la oportunidad deincluirla en la LES y, al contrario, su empeño en tramitarlacon un procedimiento casi de urgencia. Sin olvidar los más queserios interrogantes sobre que su aprobación sirviera a la postrerealmente para ese objetivo que la motiva, el fin de la pirateríaen la red, y no para beneficiar a determinados sectores de actividadcon los que el gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapateroya ha demostrado notoria cercanía a través de otras iniciativaslegales. Porque sólo al observar esa relación se puede comprenderel proceder del Ejecutivo con la Ley Sinde, hasta el punto decortar repentinamente las labores parlamentarias que desde haceun año se venían desarrollando para preparar una reforma de laLey de Propiedad Intelectual, donde se hubiera debido incluirla normativa de descargas para evitar los abusos que efectivamentese producen, pero que también hubiera debido cuestionar determinadoscuantiosos beneficios otorgados a la industria de la cultura.Y en ese sentido, no se puede ni siquiera evitar la duda de quela Ley Sinde no haya logrado por el contrario el propósito demantener al menos temporalmente ciertos statu quo. Sin embargo,la reflexión anterior no puede ocultar tampoco que el tráficoen la red precisa de su propia legislación para regular y hacerconcordar los derechos de los usuarios y los de la propiedadintelectual. Dotada, eso sí, de mucha mayor concreción, desarrolloy consenso.