Los creadores músicos, escritores, cineastas y productores arremeten contra la clase política por tumbar la llamada Ley Sinde, que pretendía regular la piratería en la Red. La normativa ha fracasado la gestión del proyecto ha sido nefasta, pero ha evidenciado la necesidad de equilibrar los derechos de la propiedad intelectual con los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de acceder a las nuevas ideas.

No es un debate fácil, pero resulta imprescindible acotar la utilización del trabajo creativo ajeno para el enriquecimiento particular, que es una de las claves del debate que las empresas de descargas ilegales han tratado de ocultar bajo una reclamación general e inconcreta de derechos y libertades.

Porque esos intereses empresariales y económicos junto a los de las compañías de telefonía o de los grandes buscadores de Internet y también los de las empresas que explotan comercialmente las ideas de los creadores son una clave del debate al menos tan importante, o seguramente más, que el de los derechos, y eso ya cuestiona la honradez de esa en apariencia ingenua reclamación de una gratuidad igualitaria.

Y el ejemplo de cómo las empresas que controlan la Red se enriquecen ilegalmente parasitando las aportaciones informativas del periodismo tradicional es otra muestra de cómo se utilizan los cambios sociales como excusa para justificar el abuso de derechos.

Más aún cuando Internet ha ampliado ese espacio de impunidad de la rumorología, el anonimato y la falta de responsabilidades profesionales, donde las noticias sin fuentes campan a sus anchas, y que sean verdad o no es prescindible. El debate sigue abierto.