Ante la reforma de las pensiones

DENUNCIAMOS el bochornoso espectáculo de los últimos días del año pasado, protagonizado por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, con reuniones apremiantes, confusas y forzadas por unos plazos impuestos por el Gobierno, en las que cada miembro de la comisión salía haciendo declaraciones contradictorias.

Pero al final cumplieron con la tarea que les había sido asignada y acabaron aceptando las recomendaciones que se les demandaban.

Recomendaciones no unánimes, pero que, en general, no nos cabe ninguna duda, se van a acabar traduciendo en una reforma muy dura para los pensionistas actuales y futuros.

Reprobamos la insensibilidad del Pacto de Toledo ante las demandas de los colectivos de mayores (prejubilados y jubilados anticipados) planteadas y defendidas en sus comparecencias ante la comisión, por no recoger ninguna referencia a los coeficientes reductores de la pensión, abusivos e injustos, por cuanto suponen un lucro para la Tesorería de la Seguridad Social a costa de los afectados.

Comenzamos 2011 con una congelación de pensiones frente a unas desmedidas subidas de precios que no nos auguran nada bueno.

El aumento a los 67 años de edad, aunque aplicado en un espacio de tiempo más o menos dilatado, es un importante retroceso en los derechos de los pensionistas, pero no el único que se va a llevar a cabo en esta reforma que, no olvidemos, es la quinta que se produce en los últimos 25 años.

La flexibilidad con que se nos anuncia que se va a aplicar, junto con el aumento del número de años de cotización que van a ser necesarios para cobrar el 100%, nos hace temer lo peor en cuanto a las tablas de penalización tan abusivas que se vienen aplicando en las jubilaciones anticipadas, y además aplicadas de por vida.

Las prisas han servido, al menos de momento, para que parezca que el derecho a la pensión de viudedad siga siendo un derecho y no una prestación asistencial, por lo que insistimos en un incremento significativo de hasta el 70% de su base reguladora.

Claro que si oscuras fueron las últimas reuniones de la comisión parlamentaria, las llamadas conversaciones negociaciones, en curso en estos momentos entre el Gobierno y los agentes sociales, podríamos decir que se desarrollan en la penumbra de la clandestinidad.

Por nuestra parte nos reafirmamos en que es posible avanzar en la elaboración de un sistema público de pensiones más justo y sostenible, partiendo de su fortaleza actual -más de 11.000 millones de euros de superávit en 2010, aunque publican que han sido menos-. No dudamos en absoluto de su viabilidad futura, y continuaremos en las próximas semanas, junto con nuestros asociados, los trabajadores y jubilados, tratando de conseguir que nuestras reivindicaciones sean atendidas.

Francisco Javier Santos Odériz

Presidente de Anapp (Miembro de Cepyp)