Inmovilismo político, regresión democrática

a las puertas de entrar en el cuarto final de la legislatura y en un último año electoral que concatenará las municipales de primavera con las próximas generales -si Rajoy no opta por un adelanto de los comicios-, el Gobierno del PP compendia el inmovilismo respecto a materias relevantes, extensión al Gabinete del tancredismo que personaliza su presidente, con la regresión social, cultural y laboral impuesta por el sector ideológico más extremista del PP, que incluye la patente actividad en pos de una recentralización uniformadora de profundas raíces ideológicas en la derecha española. El perfil inmovilista del Gobierno Rajoy es evidente en tres aspectos que muy al contrario deberían haberse convertido a estas alturas de legislatura en ejes esenciales de su Gobierno. Rajoy ha tallado una respuesta pétrea al problema de imbricación en el Estado de Catalunya, llevando las aspiraciones soberanistas a su expresión más mayoritaria y el pulso con la sociedad catalana a un ámbito muy cercano al no retorno. La acción involucionista, en este caso aderezada de silencio y al amparo de la mayoría absoluta, es tanto o más patente respecto a Navarra en lo que afecta tanto al autogobierno como a un proceso de paz que en la práctica y por parte del Gobierno español se encuentra donde Rajoy lo halló al llegar a La Moncloa, sin una sola iniciativa ante el mismo más allá de mantener la misma política penitenciaria que antes del final de ETA. Y es asimismo evidente la ineficacia, cuando no la pasividad, ante (o con) la corrupción que ha golpeado más que salpicado a su partido (caso Gürtel, Bárcenas y adyacentes) y a instituciones relevantes del Estado. Sí se ha comprobado, por el contrario, un notorio esfuerzo legislador en dos aspectos. Por un lado, en la traslación a la sociedad de directrices mediatizadas de ideología derechista y ultraconservadora -casi siempre con el apoyo de UPN-, que llevan a retrocesos en el ámbito sociocultural, como en el caso de la Lomce o la tan traída y ahora anulada reforma de la ley del aborto, socioeconómico, con los evidentes recortes de derechos y bienestar que emanan sobre todo aunque no únicamente de la reforma laboral, político, con anulación de libertades civiles y políticas. Y, por otro, una numerosa producción normativa que con la misma excusa de la crisis de la que, sin embargo, la economía española no remonta, invade, cuestiona e incluso anula mediante recursos judiciales competencias políticas y fiscales propias del autogobierno foral de Navarra.