Inaceptable y sonrojante

en apenas unas horas, por la vía rápida, sin atender ni uno solo de los argumentos del resto de los grupos del Congreso y abusando de una mayoría absoluta que ya no tiene, el PP perpetró otros dos duros ataques involucionistas y reaccionarios a las bases democráticas de un Estado de derecho garantista y democrático con leyes que recortan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Impuso una reforma exprés del Tribunal Constitucional para ampliar sus funciones al ámbito político, facultándole incluso con la posibilidad de suspender a cargos públicos y funcionarios. Un escenario propio de cualquier régimen autoritario bananero, pero que busca que los altos tribunales sean sumisos a sus postulados partidistas e ideológicos -el actual Tribunal Constitucional ya es el más conservador de la historia-, por encima incluso de la libre voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas. E impuso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que supone un ataque directo a derechos constitucionales fundamentales en el ámbito de la libertad de expresión, de opinión y de información. Un intento del PP de garantizarse protección judicial contra la información pública de sus numerosos desmanes y corrupciones. Y, una vez más, sólo UPN asumió la triste función de dar apoyo, tan sumiso como innecesario, al PP.