Tras dos años de negociación y movilización con el gobierno del cambio en Nafarroa se logró revertir

parte de los recortes salvajes impuestos a la Educación Pública por el último gobierno de UPN, en

coalición con el PSN, y se consiguió firmar, en 2018, el Pacto para la Mejora de la Enseñanza Pública de

Navarra. Todos los partidos que integran el actual Gobierno de Navarra se comprometieron con el

cumplimiento del pacto, y también suscribieron un acuerdo programático de gobierno, que incluía una

inversión del 5% del PIB en Educación y luchar contra la segregación escolar, entre otros aspectos de

mejora de la educación pública.

Ese camino de mejora en la reversión de los recortes se truncó a finales del 2019, cuando el Gobierno de

Navarra decidió no incluir en los presupuestos de 2020 recursos suficientes para el desarrollo del pacto.

Así mismo, en mayo es cuando se confeccionan las plantillas para el curso siguiente y este es el

momento en que el profesorado comprueba las consecuencias negativas que va a tener en sus centros y

en su labor docente la ausencia de reducciones por edad con 57 y 60 años, y la falta de compensación de

las horas de dirección en los centros de Infantil y Primaria. Estas plantillas se verán todavía más

mermadas al recortarse horas de las especialidades de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y

Orientación.

Por si fuera poco, desde que se inició el estado de alarma las sustituciones se han reducido

drásticamente, por supuestos problemas técnicos, con lo que se puede incrementar la carga lectiva del

resto de docentes hasta un 35%, haciendo caso omiso del aumento del horario de trabajo que ya había

sufrido la mayor parte del profesorado con la educación a distancia y las dificultades que conlleva aunar

el teletrabajo con la atención de familiares dependientes. Además, cientos de docentes cuya única fuente

de ingresos consiste en realizar sustituciones se han quedado en el paro y sin posibilidad de cobrar en

verano.

Pero lo verdaderamente grave sucederá el próximo curso. Se nos dice que, como máximo, asistirán 15

alumnos por aula, pero no se dispondrá de espacios alternativos y, de momento, solo hay 2 millones de

euros para contrataciones de refuerzo. Así, en la mayor parte de grupos, el alumnado acudiría al centro

la mitad del tiempo lectivo, dividido en dos subgrupos. Ello obligaría al profesorado a una doble jornada

de trabajo, la presencial y la telemática, y dificultaría enormemente la conciliación familiar.

Si existe voluntad política, pueden buscarse espacios alternativos en colaboración con Ayuntamientos y

otras instituciones, y estos se podrían acondicionar en los meses que faltan hasta septiembre. Por otra

parte, resulta imprescindible la contración de más profesorado, a través de un sistema de gestión

integrada, para reducir las ratios. También, es vital el desarrollo de una plataforma educativa telemática

pública que asegure la equidad y evite el negocio de extracción de datos y el capitalismo de vigilancia de

las grandes multinacionales tecnológicas que, por cierto, no pagan ningún impuesto en Navarra.

Además, es posible generar más recursos para invertir en la educación pública, reclamando a los bancos

la deuda ilegítima y los peajes en la sombra, luchando contra el fraude fiscal, cobrando las deudas a los

grandes morosos, paralizando las infraestructuras faraónicas ecocidas e inútiles, negándose a pagar los

gastos militares y la deuda pública del estado e implementando una fiscalidad justa que recaude mucho

más al capital.

El Gobierno de Navarra debe elegir entre el cumplimiento del pacto educativo y el aumento de la

inversión en la escuela pública o seguir el camino de los recortes que el PSN compartió con PP y UPN en

la legislatura presidida por Barcina; pero mucho nos tememos que la cabra neoliberal siempre tira al

monte de los recortes. Por eso resulta esencial que toda la comunidad educativa reivindique el

cumplimiento del pacto y se movilice por la consecución de las medidas necesarias para acometer un

curso 2020-21 presencial, con garantías sanitarias y sin brechas de ningún tipo.