an transcurrido más de cuatro años desde que la trifulca en un bar de Altsasu (Navarra) se utilizara en un montaje político, mediático, policial y judicial que circuló por todo el Estado para "imponer un falso relato" que no tenía otro objetivo que el de resucitar el fantasma del terrorismo y de ETA, criminalizando a jóvenes de Altsasu. Un relato dirigido a destrozar, dividir y demonizar a un pueblo que pese a ello ha sabido mantenerse unido no sólo en la capital de Sakana sino en toda Euskal Herria. "A pesar de estar en la calle, no estamos libres. Lo único que han conseguido es que nos unamos y hoy estemos aquí más fuertes que nunca". Eran las palabras de Adur Ramírez de Alda, uno de los seis condenados que ayer comparecieron en rueda de prensa, acompañados por representantes de Altsasu Gurasoak y Altsasukoak Aske, y en la que agradecieron todo el apoyo mantenido durante estos 4 largos años. Los seis siguen cumpliendo condena al haber accedido a regímenes penitenciarios a los que corresponde una situación de semilibertad. Aquel juicio farsa en la Audiencia Nacional con múltiples pruebas rechazadas y la vinculación de varios magistrados con la Guardia Civil -tal y como denuncia la plataforma- les condenó a penas de hasta 13 años de cárcel. Pero hasta entonces, la Fiscalía había insistido en acusarles por terrorismo con peticiones de 50 años para cada procesado, petición que la Audiencia finalmente rechazó. El Supremo rebajó a su vez de 13 a 9 años y medio la máxima condena -no reconoció el agravante de discriminación-, condenas que no finalizarán totalmente hasta 2025. La principal vulneración ha sido sin duda no haber podido acceder a un juez natural, es decir no ser juzgados en Navarra y, bajo falsas acusaciones de terrorismo, trasladar el tema a Madrid para aplicar finalmente penas ejemplarizantes y equivalentes a las de terrorismo con un objetivo claramente político. Pendientes ahora del recurso ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo lo que se dirime principalmente es si se garantizó un juicio justo y una justicia imparcial. Durante este tiempo, denuncian, han "sufrido realidades injustas" como la dispersión, el aislamiento o el régimen FIES (ficheros de internos de especial seguimiento). Altsasu es un ejemplo claro del interés político que existe por mantener viva la confrontación social e impedir que la convivencia y la normalización avancen 11 años después del fin de ETA. Y si lo que buscaba este proceso era reforzar el papel de la Guardia Civil en municipios como Altsasu también ha sido un fracaso.