l precio del megawatio/hora alcanzará hoy otro máximo en el mercado del Estado, hasta los 288,53 euros. El impacto en la economía doméstica y en la macroeconomía de esta escalada sin freno es incuestionable y lastra la competitividad y la sostenibilidad personal de las economías familiares más modestas. El asunto trasciende el ámbito estatal y está camino de residenciarse en la Unión Europea, cuyas herramientas deberían ser más capaces de afrontarlo. En primer lugar, la propia configuración de las tarifas eléctricas no es independiente y responde a criterios compartidos orientados desde la Comisión y asumidos por el Consejo. Las referencias de los hidrocarburos -petróleo, gas y carbón- y los derechos de emisiones de CO2 tienen una incidencia directa en los precios actuales y son la referencia central de las tarifas en Europa. Los hidrocarburos están sometidos a tensiones de todo tipo, incluyendo las geoestratégicas. La demanda, pero también la manipulación del suministro de estas materias primas -Moscú tiene muchas explicaciones que dar al respecto de su suministro a Europa-, han disparado los precios en un 170% en el caso del gas en lo que va de año, y en un 90% en el del petróleo, fijado en una media de 41,58 dólares en 2020 y que alcanza los 81 en la actualidad el barril de brent. La política energética europea ha estado coja de coordinación y ahora tiene que afrontarse con auténtica premura. Sin una política útil de reservas estratégicas, se impone la petición expresada ya en foro parlamentario europeo y en el Consejo, de una política de compras mancomunadas. Los países de la UE no pueden ser tractores del precio con una demanda multiplicada por 27 si puede hacerse conjunta. Igualmente, el baremo del hidrocarburo, que es la energía más cara, no debería marcar el precio de toda la producción si no se contemplan los diferentes costes del mix de generación. Adicionalmente, los derechos de emisiones de CO2 han pasado de ser un límite garantista orientado a forzar su reducción, a un mero mercado especulativo que eleva sus precios en lugar de reducir las emisiones. La Euskadi y la Europa verde a las que aspiramos, demandan una decidida defensa y aceleración de la transición colectiva hacia las fuentes renovables a medio y largo plazo y una protección a corto del bolsillo ciudadano y la competitividad empresarial frente a terceros.