l reconocimiento oficial por parte del Gobierno de la CAV a Mikel Zabalza como víctima de una grave vulneración de derechos humanos por abusos policiales, escenificado ayer en un homenaje celebrado en Orbaizeta con el Gobierno de Navarra, es un relevante acto de justicia que ni puede ni debe agotar la ineludible obligación del Estado de investigar, esclarecer y fijar la verdad judicial y las responsabilidades a que hubiere lugar respecto de todos los hechos que llevaron a la muerte a este ciudadano navarro en 1985. Pocas dudas había respecto a que Zabalza murió tras haber padecido gravísimas torturas tras su detención por la Guardia Civil por su presunta pero falsa colaboración con ETA. Tampoco existían dudas sobre la absoluta falsedad de la inverosímil versión oficial. La Comisión de Valoración de las solicitudes de reconocimiento de víctimas al amparo de la ley vasca de abusos policiales ofrece, tras su exhaustiva y rigurosa investigación, un relato veraz y al mismo tiempo estremecedor de lo sucedido hace 36 años: "Existen fuertes presunciones del hecho de que Mikel Zabalza fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte". En su exhaustivo informe de 57 páginas, los expertos nombrados por el Gobierno de la CAV concluyen también que la versión oficial ofrecida hasta ahora -esto es, que Zabalza huyó esposado y se lanzó al río Bidasoa, en el que se le encontró ahogado 19 días después- es "muy improbable por no decir simplemente increíble". El reconocimiento de Zabalza como víctima de graves violaciones de derechos humanos no es el primero ni probablemente será el último, ya que seguirán otros, también por parte del Gobierno foral, que ha tenido su ley recurrida por la derecha hasta el año pasado. Pero es altamente significativo, tanto por la relevancia del caso, que causó conmoción y alarma social y ha quedado grabado en la memoria colectiva de Navarra y la CAV, como por su gravedad y la absoluta impunidad e indiferencia con que se pretendía haberle dado carpetazo. La brutal e injusta muerte de Zabalza, su asesinato a manos de funcionarios, exige del Estado, como responsable último, un esfuerzo para el esclarecimiento de los hechos, así como su reconocimiento oficial explícito como víctima de graves vulneraciones con derecho a la verdad y a la reparación. Un necesario ejercicio de autocrítica.