a recuperación por parte del sindicato CSIF de la Policía Foral de simbología franquista en un reparto de condecoraciones no es una cuestión menor. Tiene calado político y legal. Es evidente que los agentes que han perpetrado este desaguisado de recuperar el escudo franquista del Cuerpo con la Laureada de San Fernando, eliminado en 1979 precisamente por sus connotaciones infumables, no representan a la mayoría de los miembros de la Policía Foral, pero es inaceptable utilizar una simbología que incumple la actuales leyes forales de Memoria Histórica y de Símbolos. Incluso aunque su intención hubiera sido una actuación privada que se hizo pública por la casualidad de que uno de los condecorados, el alcalde Navarra Suma en Berrioplano, Raúl Bator, lo hiciera público en las redes con una foto de la medalla, un paso que se apresuró a retirar ya demasiado tarde. Desconozco cuales pueden los méritos de Raúl Bator para recibir la condecoración del CSIF, un político especialista en meteduras de pata públicas que reduce su acción política al simple insulto y que en este caso ha servido para dejar en evidencia la gravedad del despropósito. Porque no es únicamente el hecho simbólico de la medalla, es lo que supone de apuesta política e ideológica desde un cuerpo policial por una simbología que hace apología del genocidio que perpetró el golpismo franquista en Navarra -más de 3.400 navarros y navarras asesinados sin juicio en una zona sin frente de guerra-, y exalta la dictadura de terror, inanidad casposa y miseria moral que le siguió durante 40 años. Y eso en una policía democrática e integral es, además de un hecho de más que dudosa legalidad, simplemente inasumible para el Gobierno de Navarra. Basta saber qué hubiera ocurrido por ejemplo en Alemania si miembros de sus fuerzas de seguridad se dedicasen a repartir medallas de simbología nazi. Que Navarra Suma se ha haya apresurado a justificar estos hechos solo insiste en el desconcierto ideológico y político que atraviesan las derechas navarras tras la irrupción de la extrema derecha en el escenario político del Estado. Llegaron tarde a la Ley de Memoria Histórica y cumplieron a regañadientes su obligación de eliminar la simbología franquista. Y cuando pudo evitarlo, simplemente incumplió la ley, al igual que se ha resistido una y otra vez a denunciar la dictadura franquista, su violación sistemática de los valores democráticos y los derechos humanos y al reconocimiento institucional de sus víctimas. Además, este hecho pone de manifiesto una realidad que se ha ido extendiendo en los últimos años en las Fuerzas de Seguridad y en el Ejército: la infiltración progresiva de miembros afines a las extrema derecha en sus filas y mandos. El Gobierno de Navarra, en este caso el departamento de Interior, no puede mirar hacia otro lado como si esa infiltración -de la que hemos visto pruebas bochornosas en las manifestaciones policiales que alimentaron aquel griterío del ¡a por ellos! contra Catalunya, de aquellos barros estos lodos-, no pueda haber llegado ahora a la misma Policía Foral. Aunque parezca irreal en esta Navarra del siglo XXI. Un elemento histórico del autogobierno foral de Navarra cuya imagen no se puede manosear ni ensuciar así.