La proximidad del quinto aniversario del referéndum del 1-0 en Catalunya está avivando o exteriorizando aún más la división y el enfrentamiento en el seno del independentismo, en un escenario muy diferente al que se vivió hace un lustro. Frente a la muy sólida unidad de acción que tuvo lugar en 2017, los soberanistas se encuentran ante perspectivas muy diferentes y con estrategias también distintas y en numerosos asuntos incompatibles. ERC y Junts, que comparten el Govern, parecen haberse instalado en la crisis permanente en varios frentes. La fuerte discrepancia entre ambas formaciones respecto a la mesa de diálogo con el Gobierno español es solo la punta del iceberg en este enfrentamiento, que obviamente afecta de manera negativa a las relaciones interinstitucionales entre los respectivos Ejecutivos, en muchas ocasiones condicionadas a la adscripción de cada una de las consellerias. El independentismo, en su conjunto, debería ser capaz de superar este estéril clima de división cainita, que solo favorece la crispación y sin duda aleja el objetivo común. Nadie debe dudar de que la meta compartida del soberanismo debe ser el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, con todas las garantías democráticas. Las lecciones del procés, del desarrollo del 1-0 con la amplia participación de la ciudadanía catalana pese a las amenazas, de la frustrada declaración de independencia, de la brutal represión del Estado que golpeó a la gente, anuló el autogobierno y dio con los líderes soberanistas en la cárcel o el exilio, de los procesos judiciales que derivaron en una condena sin precedentes y de la posterior gestión de todo ello –incluida la judicialización de la política catalana– deben imponerse frente a las estrategias partidistas y los objetivos personalistas. El primer gran objetivo debe ser el de obligar al Estado a sentarse para abordar un diálogo resolutivo al conflicto desde el punto de vista democrático, como está intentando, no sin grandes dificultades, ERC. El Gobierno español está, por ello, especialmente concernido. El presidente Pedro Sánchez no puede continuar ignorando la mayoritaria reivindicación de la ciudadanía catalana. Ello pasa por abordar sin dilaciones un acuerdo para que el Estado afronte las reformas necesarias mediante las que la ciudadanía de Catalunya y Euskadi puedan decidir libre y democráticamente su futuro. Pudo ser la solución hace cinco años y continúa siéndolo hoy.