El presidente español, Pedro Sánchez, vuelve a tomar la iniciativa para encarar un problema que objetivamente demanda respuestas en un momento en el que el impacto de los precios, y de los energéticos en particular, amenaza a los bolsillos de la ciudadanía este próximo invierno. En ese sentido, la sucesión de medidas paliativas que buscan abaratar los impactos de manera lineal constituyen soluciones de urgencia destinadas a prestar amparo a los sectores económicamente más vulnerables, aunque no exclusivamente a ellos. Las apreturas de las rentas más bajas hallan en esta nueva batería de iniciativas un alivio coyuntural al precio de la energía de consumo doméstico aunque, más allá de la ampliación del bono social eléctrico, vuelven a reproducir el modelo ya aplicado a tantas otras medidas; desde los bonos culturales al precio de los carburantes. Este modelo conlleva una universalidad muy bien acogida por la opinión pública pero escasamente equilibrada en relación a las auténticas necesidades sociales. Una renta limitada carece del margen para beneficiarse de un bono cultural en tanto la cultura no esté entre sus prioridades de gasto por razón de su escasa disponibilidad económica. Otro tanto se puede decir del carburante, cuya subvención beneficia por igual al vehículo de uso profesional que al particular de consumos elevados por mor de su potencia, cuya utilidad sea meramente recreativa. Esta fórmula tiene una innegable virtud en la percepción de la opinión pública más amplia pero no es por sí sola sostenible en el tiempo. La merma de ingresos públicos y el aumento de subvenciones le ponen fecha de caducidad si no se acompaña de una estrategia estructural para la generación de actividad, empleo y crecimiento que refuercen los recursos públicos. Una estrategia energética que incida sobre la producción y el consumo en términos de sostenibilidad, autoproducción y eficiencia. Fórmulas no desarrolladas suficientemente y que chocan, además, con el cuello de botella para la tramitación de permisos, iniciativas o ayudas, en la administración del Estado. Lo estructural no puede verse relegado por lo urgente. La mejor protección para el bolsillo de la ciudadanía es una economía competitiva –también en costes energéticos– y que genere valor añadido en sectores estratégicos.