La Fiscalía solicita 43 años de prisión para Karim El Baqqaly, el piloto de la narcolancha que el 9 de febrero de 2024 arrolló una embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Barbate (Cádiz), provocando la muerte de dos agentes, entre ellos David Pérez Carracedo, guardia civil residente en Navarra, y dejando heridos a otros cuatro.
Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el Ministerio Público le atribuye dos delitos de asesinato, cuatro en grado de tentativa, además de atentado agravado contra la autoridad y daños. No obstante, se le aplica el atenuante de confesión, ya que se entregó siete meses después de los hechos.
La Fiscalía reclama también que el acusado indemnice a las familias con más de dos millones de euros. Junto a él será juzgado Y.E.M., para quien se piden tres años de prisión por atentado agravado. Según el escrito, utilizó un puntero láser para dificultar la visión de los agentes antes del impacto.
Los otros dos tripulantes de la narcolancha serán juzgados en una causa separada, ya que el juez considera que no hay pruebas de su participación directa en el ataque, aunque sí podrían enfrentarse a un delito de contrabando.
El juicio se celebrará con jurado popular, tal y como ha determinado el juzgado de Barbate.
Un agente con vínculo navarro entre las víctimas
Uno de los fallecidos, David Pérez Carracedo, era natural de Barcelona pero residía en Navarra y formaba parte del Grupo de Acción Rápida (GAR), con base en la comunidad foral. El otro agente fallecido fue Miguel Ángel González, buzo del GEAS y natural de San Fernando (Cádiz).
Un ataque deliberado
Según el auto judicial, los hechos ocurrieron entre las 20.20 y las 20.29 horas, cuando seis agentes acudieron al puerto para inspeccionar varias narcolanchas refugiadas del temporal.
El Baqqaly pilotaba una embarcación semirrígida de gran potencia —14 metros de eslora y cuatro motores de 300 CV—. Tras varias maniobras de aproximación, se alejó para tomar impulso y embistió directamente la zodiac oficial a gran velocidad, sin intentar evitar la colisión.
El juez sostiene que actuó “con ánimo de atentar contra el principio de autoridad y causar la muerte”, siendo plenamente consciente de la inferioridad de medios de los agentes.
El impacto provocó la muerte inmediata de los dos guardias civiles y dejó a sus compañeros con graves secuelas físicas y psicológicas.
