No acabo de entender el bucle en el que lleva dos semanas deambulando el Gobierno de Chivite –o al menos su portavoz Elma Saiz–, con la retirada de la Medalla de Oro de Navarra a Félix Huarte. Es un tema sin recorrido alguno, pero importante en el fondo de lo que es la memoria histórica. La decisión de otorgar ese galardón a Huarte fue una más de las estupideces del los cuatro años del Gobierno de Barcina. Un alarde de nostalgia franquista innecesario. Y las estupideces en política por lo general generan otras estupideces. De hecho, la mayoría del Parlamento de Navarra en aquel 2014 aprobó una declaración institucional, con única la oposición de UPN y PP, en la que exigía al Gabinete de Barcina la retirada de la concesión de este premio a Félix Huarte y a Urmeneta y que el galardón se entregara, a través de las asociaciones de familiares de víctimas, a las 3.400 personas asesinadas en Navarra impunemente. Por supuesto, se ignoró una vez más la voluntad democrática de la Cámara foral. Un tropiezo más en el camino hacia ningún sitio donde aún parecen deambular la derecha navarra y sus contradicciones con las víctimas del franquismo y de otras violencias. En esa mayoría estaba también el PSN, lo que hace más difícil aún entender los vaivenes ahora con esta cuestión. Hay poco que discutir. Ni el listado elaborado por la UPNA que recogía calles, placas y reconocimientos personales de origen franquista ni tampoco el decreto foral del Gobierno que en ese momento puso en marcha una progresiva eliminación de toda esa simbología tienen mucho que ver con el presente tras acabar de aprobarse la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Sánchez y avalada por amplias mayorías en el Congreso y el Senado. Desconozco las razones de la reticencia de ahora a decidir lo que se reclamaba hace ocho años y cuando tienen el aval añadido de una normativa estatal que lo exige. El Gobierno central le ha retirado a Huarte la Medalla al Mérito del Trabajo que le concedió la dictadura en reconocimiento a sus servicios al régimen, lo que deriva en la retirada de la Medalla de Oro de Navarra en cumplimiento de la ley. Lo contrario sería incumplir la ley. Es posible que Huarte hubiera sido el mismo importante empresario si hubiera seguido la República sin la matanza del franquismo, pero también lo es que se benefició de una situación de privilegio durante décadas tras el triunfo de los golpistas. De hecho, su vinculación con el régimen franquista no solo se deriva de su cargo político en la Diputación Foral, sino de su colaboración en la financiación del golpe de Estado. Y ello independientemente tanto de su labor como impulsor y mecenas cultural de Navarra como del triste hecho de que la empresa que fundó acabara implicada en la corrupción del caso Urralburu. No se puede olvidar que la supuesta placidez franquista no es sino un invento revisionista para justificar una oscura época derivada directamente del genocidio humano que se produjo en Navarra tras el golpe de Mola y sus secuaces y el posterior reparto del botín y del poder entre los vencedores. Por eso Huarte – o los que forman parte de ese nomenclator–, son afectados por la nueva Ley de Memoria Democrática. Quizá el problema sea que hay otras medallas de Navarra regaladas a quienes deberían formar parte del mismo por su papel protagonista en la conspiración que originó un genocidio.