Fue un amago
Al final, sus ilustrísimas y reverendísimas vuecencias del Tribunal Constitucional español frenaron unos metros antes del abismo. Después de tenernos en vilo desde la noche del miércoles, a las dos y media de la tarde de ayer depusieron su abracadabrante actitud y aplazaron hasta el lunes el pleno en el que pensaban decidir si permitían que el Congreso de los Diputados votase sobre su propia renovación. Ojo, con la presencia de magistrados con el mandato caducado desde hace un buen rato, empezando por el mismísimo presidente. Todo, atendiendo a un requerimiento incalificable del PP, y ejerciendo como ponente el jurídico de cabecera de Génova, Enrique Arnaldo. Una desvergüenza sin medida que no llegó a consumarse tal y como estaba planteada, pero que nos ofrece la foto fija del nulo respeto que gastan respecto a la separación de poderes y a las garantías jurídicas precisamente las y los que deberían estar en primera línea de su custodia.
No es la primera
Por eso, y aunque este episodio haya batido récords de impudicia, tampoco podemos hacernos de nuevas. Habría sido un escándalo morrocotudo que el poder legislativo hubiera tenido que obedecer la orden de parar una o varias votaciones. Se habría tratado, en efecto, de la primera injerencia preventiva, pero ni mucho menos de la primera injerencia a secas en un parlamento. Pregunten a quienes componían la mesa del Parlamento vasco en el año 2005 y tuvieron que pagar la defensa de la soberanía con un vía crucis por los juzgados que, en algún caso, acabó con su carrera política. O, más recientemente, a los integrantes del mismo órgano del Parlament de Catalunya que acaban de ser absueltos después de haber sido juzgados en 2019 por cumplir con la misión que les había encomendado la ciudadanía. Son solo dos ejemplos.
Menos hipocresía
Con todo, tampoco debería pasarnos por alto otro detalle fundamental: la descomunal ceremonia de la hipocresía a la que estamos asistiendo en las últimas horas. El PSOE no es en absoluto ajeno al pecado original que ha dado lugar al manifiestamente mejorable sistema judicial español basado en mayorías políticas y obediencias partidistas. Y lo disimula bien poco. De hecho, una parte de este pifostio deriva de la pretensión de colocar en el Constitucional a un exministro socialista de anteayer y a una alta funcionaria de La Moncloa. En cuanto a la interferencia con otros poderes, tenemos todavía muy fresco el cuñadeo de Patxi López galleando lo de “dar un toque de atención a los jueces y decirles que no vayan por ahí”. Que no hemos nacido ayer.
