Los precios se moderaron en el último tercio del año 2022, alejándose de los máximos que apuntaban a una inflación de dos dígitos en los peores momentos del ejercicio, pero la amenaza de una inflación subyacente en tendencia alcista no debe perderse de vista. Las medidas aplicadas en el ámbito de la energía –electricidad y carburantes– han tenido un efecto objetivo sobre el control de los precios. Basta comparar con Suecia o Alemania, donde ese consumo ha llevado sus índices de Precios al Consumo (IPC) por encima del 12% y del 8% respectivamente. Sin embargo, será preciso profundizar en las causas del aumento de los precios de los alimentos elaborados que han catapultado la inflación subyacente –donde no computan la energía y los alimentos frescos– por encima de la general en el Estado, alcanzando un 7% la primera y un 5,7% la general. El análisis de los motivos de este comportamiento debe ser profundo para no caer en simplificaciones. Con un descenso significativo de los costes del transporte –contenidos durante el último año por las políticas de subvención del litro de carburante– la movilidad de mercancías no debería ser la culpable del incremento de sus precios. Esto nos lleva a buscar explicaciones en otros componentes del coste por circunstancias sobrevenidas como la larga crisis militar en Ucrania –entendible en el caso de los alimentos relacionados con los cereales, en primera transformación o como base alimentaria de los productos cárnicos– pero no exclusivamente. Sin especular sin datos objetivos, es importante comprobar la evolución de los márgenes para comprobar que estos no se han elevado respecto a los costes de producción. La importancia de esta comprobación es que dotará de sentido al debate de los salarios ante una pérdida de poder adquisitivo. Si los márgenes no se han ampliado, una subida generalizada de salarios se traducirá en subida de costes y esta redundará en consolidar una espiral de precios al alza. Igualmente, si hay una ampliación del margen empresarial, resultará razonable aplicar una parte del mismo a los salarios. Estos, la capacidad de demanda que conllevan, no explican por sí solos las diferencias que sitúan el IPC en la Comunidad Autónoma Vasca en el 5,4% y en la Foral Navarra en el 6,4% pese a los salarios medios superiores en la primera.