Era previsible. El Gobierno aplaza de nuevo el proyecto de ley para reformar la Ley de Secreto Oficiales heredada del franquismo. Ahora condiciona su impulso en el Congreso a un consenso previo sobre sus contenidos entre los socios de Sánchez en la Cámara y a un informe del Consejo General del Poder Judicial que sigue en estado de pendiente. Ni derogar la Ley Mordaza, ni reformar las leyes franquistas del CNI y de Secretos Oficiales. Una democracia vigilada. Una vergüenza democrática. No era difícil prever una vez que vista la propuesta que remitió de Gobierno –o más bien la parte del PSOE en este caso–, para poner fin a la Ley de Secretos Oficiales vigente desde la dictadura franquista y aprobar una nueva normativa generó más frustración que aplausos de las asociaciones de memoria histórica, víctimas y grupos políticos que llevan años reclamando un acceso real y transparente a esa documentación. Y ya han pasado casi 50 años. Una nueva tomadura de pelo. Un quiero y no puedo. O mejor un quiero y tampoco me dejan más. La decisión ahora de aplazar su debate evidencia la fragilidad sobre la que se asentaba ese pobre e inútil intento, desde el punto de vista de los valores democráticos, de superar la actual legislación de secretos oficiales, un espacio de opacidad y de impunidad para los crímenes y violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista, los crímenes de la Transición y las líneas rojas antidemocráticas superadas por el Estado con la excusa de la lucha contra el terrorismo. Es decir, un amparo oscuro sujeto a ideas tan volubles y volátiles como la vieja y recurrida cuestión de Estado. Conceptos que valen para todo tipo de casos en función del interés del Gobierno de turno por encubrir aquellas fechorías indecorosas e inaceptables desde los valores fundamentales de un sistema democrático y que la impunidad más absoluta siga impidiendo conocer la verdad sobre las tropelías cometidas por los aparatos del Estado. Los crímenes del franquismo están demostrados. Pero se quedarán como están. Ni se han investigado oficialmente ni se han juzgado a sus responsables. No creo que haya voluntad política para mucho más. Ni siquiera este Gobierno está dispuesto a desclasificar documentos que pueden esclarecer los crímenes del tardofranquismo en plena Transición, el terrorismo de derechas, la guerra sucia del Estado, las desapariciones y torturas y malos tratos. Ni para eso hay margen al todo atado y bien atado con el que se fue a criar malvas el genocida Franco. Una excepcionalidad antidemocrática más. Exigir al Estado español que cumpla con la legalidad internacional y la normativa europea sobre ese tipo de crímenes es mucho pedir. Y es que la filfa que pretendía sustituir la ley franquista de secretos oficiales o los compromisos de Sánchez para reformar la ley del CNI y suprimir los artículos más autoritarios, antidemocráticos y punitivos de la Ley Mordaza tratan de eso mismo: de intentar evitar sus consecuencias judiciales y el conocimiento público de la verdad en todas sus dimensiones y de sus responsables. Parece que será otra oportunidad perdida. Un Estado democrático avanzado y consolidado necesita leyes democráticas y transparencia en sus actuaciones. Luz y taquígrafos. Pero la apuesta es la contraria: la verdad, mejor bien escondida en el cajón del olvido.